El futuro de la planificación estratégica en el Perú, por Francisco Daza

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La economía no puede ser ajena al sistema de salud tal como no puede desligarse de la coyuntura política o del cuidado del medio ambiente. El declive económico suscitado por la pandemia consolida la interdependencia entre cada uno de estos factores. Los impactos macroeconómicos de esta crisis sanitaria no solo incitan una intensa guerra comercial en el mercado global, sino que exigen que la planificación estratégica estatal sea aún más rigurosa. Este desafío no se limita a la disponibilidad de instrumentos especializados o a la concesión de subsidios, sino que además abarca la elaboración de proyectos de inversión social e infraestructura. La gestión de proyectos de inversión, al igual que la reapertura de sectores industriales, deben funcionar acorde a parámetros de sostenibilidad y responsabilidad social.

El objetivo del estado debe enfocarse en aliviar el sistema sanitario. Cabe indicar que para cumplir este objetivo se requiere de infraestructura para así poder controlar la migración masiva y la creciente informalidad en las ciudades. La designación de la Villa Panamericana como un gran complejo hospitalario y la Plaza de Acho como albergue son ejemplos de inversión social. Sin embargo, el estado no debe cesar el uso temporal de otras instalaciones que se encuentren a su disposición ya sean estadios, coliseos, losas o polideportivos municipales. Estas infraestructuras podrían designarse como hospitales de campaña, albergues o mercados. No basta con contar con la solidaridad de organizaciones privadas, sino que se requiere de una legislación extraordinaria que permita al estado disponer de estas instalaciones cuando se declara estado de emergencia.

Según el INEI, el índice de pobreza supera el 20.5% de la población total. El aislamiento social va a incrementar gravemente este índice, afectando a más de 7 millones de habitantes, obligando a que el estado subvencione a la mayor cantidad de productos agrícolas, sobre todo en Lima. Las cadenas de suministro agrarias abastecen diariamente a la ciudad con alrededor de 10 mil toneladas. La FAO estima que el consumo diario de frutas y verduras por persona bordea los 400 gramos, es decir, se debería incrementar la capacidad de abastecimiento hasta llegar a las 12.8 mil toneladas. El estado podría estructurar otras cadenas de suministro estratégicas para satisfacer esta necesidad y disminuir la pérdida masiva de cultivos de los agricultores familiares. La distribución de alimentos podría llevarse a cabo a través de terceros como el Banco de Alimentos del Perú. Al disponer estos recursos a organizaciones sin fines de lucro, se disminuirían los casos de corrupción en la entrega de víveres y permitiría que la mitigación sea más proactiva en situaciones de riesgo.

La escasa disponibilidad de agua potable es otro de los mayores problemas que enfrenta la población peruana. La distribución del recurso hídrico no solo implica el cambio de cañerías de plomo en su totalidad, sino que se requiere de mayor control estatal sobre la planificación urbana. La expansión de asentamientos humanos en las ciudades inhabilita el alcance del sistema de tuberías y dificulta la posibilidad de garantizar agua potable a la mayoría de los hogares. El futuro de la planificación urbana requiere de legislación que prohíba la disposición de terrenos por parte de los municipios. La emisión de títulos de propiedad en estas áreas no solo es una medida populista que fomenta la invasión, sino que se justifica como un mecanismo de formalización y expone de manera agravada a la población más vulnerable.

La planificación estratégica del recurso hídrico no debe limitarse a la producción de agua potable. La paralización industrial y el desplome de combustibles fósiles compele un cambio tajante en la matriz energética del país y promueve la inversión en fuentes renovables, en especial, en energía hidráulica. A pesar de que esta fuente de energía renovable sólo constituye alrededor de 2.17% del suministro energético, a largo plazo podría constituir gran parte del abastecimiento de la corriente eléctrica. No obstante, las fuentes renovables son proyectos intermitentes por lo cual se requiere del uso de otros complementos energéticos de bajo impacto ambiental, como el gas natural. La paralización de proyectos como el gasoducto Sur Peruano inhabilita la disponibilidad de este recurso e implica un costo alto de mantenimiento para el estado.

La crisis debe ser vista como una oportunidad de mejora e impulsar el cambio de las industrias hacia una economía circular. El desenlace de este estancamiento comercial debe redireccionar el enfoque de planificación estratégica. Este enfoque debe optar por la rentabilidad social en proyectos de inversión y orientarse hacia el desarrollo sostenible del país. El gobierno no debe seguir dándose el lujo de paralizar grandes proyectos de inversión y de mantener costosos “elefantes blancos”. La reactivación económica será inútil sin un refuerzo institucional y un plan de acción eficaz.

 

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