El jugo de limón, el Acuerdo de Escazú y los sesgos cognitivos, por Bruno Rodríguez Reveggino

722

La ignorancia da mucha más confianza que el conocimiento. Esta frase que se le ha atribuido a Darwin, ha sido ampliamente estudiada por la ciencia. Se le llama efecto Dunning-Kruger y es el fenómeno por el cual las personas tenemos la ilusión de superioridad al creer saber más que el promedio en temas que requieren conocimiento experto. Estos denominados ‘‘sesgos cognitivos’’ no tendrían nada de malo si no nos llevara a tomar decisiones equivocadas como, en este caso, la no ratificación del Acuerdo de Escazú (AE). 

En 1995 en Pittsburgh, Estados Unidos, Macarther Wheeler robó dos bancos sonriéndole a la cámara de seguridad. Estaba convencido que las propiedades del jugo de limón lo volvían invisible: un sesgo cognitivo. A favor o en contra, todas las opiniones son respetables y válidas. No obstante, en la discusión sobre el Acuerdo de Escazú se han deformado, trastocado y falseado varios aspectos técnicos del Derecho Internacional. No son opiniones, sino sesgos cognitivos, por no llamarles mentiras desenfadadas. La mentira, decía Wilde, es un arte que requiere devoción y estudio. 

Primer sesgo cognitivo: el Acuerdo de Escazú cede soberanía. Soberanía es un término que sirve más para asustar que para explicar. Los más radicales muestran un mapa mochado sin la Amazonía y los más mesurados entre los radicales, hablan de que ésta se convertiría en una zona especial de protección o en una suerte de patrimonio compartido de la humanidad. Nada más lejano de la realidad. El AE es un tratado de derechos humanos, que establece obligaciones medioambientales del Estado con sus propios ciudadanos. No es un tratado territorial. No es un tratado de creación de patrimonios o zonas especiales. Su objeto es preciso y certero, implementar tres derechos: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia. Todo esto en materia ambiental. 

Válidamente usted se preguntará si el AE no es un caballo de troya o una Kerkaporta. Comparto su preocupación, imagínese, que una de las más impresionantes murallas hechas por el ser humano no significó nada cuando una puertecita (Kerkaporta) fue olvidada abierta, lo que terminó con la caída de Constantinopla que, a su vez, trajo consigo uno los cambios más trascendentales de la humanidad. La respuesta definitiva es que no. En el derecho internacional no existe la letra chiquita. Conforme la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, la costumbre internacional y la jurisprudencia, las obligaciones de los Estados se rigen única y exclusivamente por el objeto y fin del tratado. Se trata de un régimen muy restrictivo, porque justamente la soberanía y otros principios como ‘‘lo pactado obliga’’ (pacta sunt servanda) son esenciales. 

Segundo gran sesgo cognitivo: si se ratifica el AE todos los conflictos serán resueltos por tribunales internacionales. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, conformado por la Comisión Interamericana (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH) es subsidiario. Es decir, no admite acceso directo. Para que un caso llegue a la Corte IDH, es necesario que, primero, se agoten los recursos internos. Se debe recorrer desde las primeras instancias hasta las últimas dentro del Perú. Pasado esto se puede presentar el caso, en primera cuenta, a la CIDH. Resuelto el caso y si no se han cumplido las recomendaciones formuladas, única y exclusivamente la CIDH o el propio Estado concernido pueden decidir someterlo a la Corte IDH. Leyó bien. Las personas no tenemos acceso directo a la Corte IDH y el AE no es la puertecita de Constantinopla. Una transformación tan radical y de la naturaleza que permitiera el acceso directo no se podría hacer jamás a través de un tratado como el AE y de manera indirecta. Significaría reformar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado fundante de la Corte IDH, que no permite este acceso directo. Se requeriría un verdadero proceso de reforma que tome años de negociaciones, en el seno de la OEA y no de la Naciones Unidas, foro en el que está inserto el AE. Tampoco es imposible, en Europa se realizó un ambicioso proceso de reforma que eliminó la Comisión Europea de Derechos Humanos y reformó a profundidad el Sistema Europeo de Derechos Humanos. Hoy la Corte Europea dicta cien veces más sentencias al año que la Corte Interamericana (aproximadamente 2000 en oposición a las 20 que emite la Corte IDH). Por supuesto estos cambios estructurales no se hicieron, ni tuvieron nada que ver con el Acuerdo de Aarhus, la versión europea del Acuerdo de Escazú. 

Por otro lado, al día de hoy, las obligaciones establecidas en el AE respecto a la información, participación y justicia ya existen en el marco del Sistema Interamericano. En 2017 la Corte IDH emitió la Opinión Consultiva 23 ‘‘Medio Ambiente y Derechos Humanos’’ en la que dota de contenido y alcance a diversos derechos sustantivos y de procedimiento. Entre los que se conocen como derechos de procedimiento también reconoce los tres del AE. Siendo el AE un acuerdo que busca la implementación de estas obligaciones, ahí radica la necesidad central de su ratificación: en la prevención. El objetivo es evitar que, en un futuro, el Perú no sea encontrado internacionalmente responsable por no garantizar estos tres derechos. Ojo que la Corte IDH no resuelve conflictos entre ciudadanos y empresas, ni revisa contratos de empresas, ni dirime demandas de inversión. La Corte IDH resuelve única y exclusivamente si el Estado ha vulnerado o no los derechos de las personas. 

También se dice que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) será la que tendrá jurisdicción sobre estos derechos. Nada más descabellado. En su banquillo de acusados no se puede sentar una empresa o una minera como se ha dicho. Es más, la CIJ no tiene un banquillo de acusados, porque no es un tribunal penal internacional. Tampoco es un tribunal arbitral, ni de inversiones. La CIJ resuelve conflictos entre Estados.

Tercer sesgo cognitivo: las obligaciones que establece AE harán imposible recibir nuevas inversiones. Ya hemos dicho que estas obligaciones no son sólo básicas de cualquier democracia, sino que ya existen en el marco del Sistema Interamericano. Si va a valorar la importancia de los tres derechos que reconoce el AE piénselos en negativo: falta de transparencia (información), corrupción (participación), e impunidad (justicia). Ahora considere si este escenario negativo atrae o ahuyenta inversiones. No existe una dicotomía entre derechos humanos y economía. Es compatible el desarrollo económico con el medio ambiente y éste con el desarrollo social. El Perú no debe ser más el ‘‘del metal y de la melancolía’’, como lo llamaba García Lorca. 

Ahora que ya hemos derribado solo tres de los sesgos cognitivos del AE, qué tal le suena: información contra la corrupción, participación para señalar prioridades y acceso a la justicia para delimitar responsabilidades. Eso es todo lo que significa el AE. ¿A favor o en contra? Mi humilde opinión es que una razón basta y es la prevención. Prevención. Una palabra que hoy duele. Si el COVID-19 es terrible. El cambio climático es aún peor. Ojalá nos encuentre más preparados.

 

Lucidez.pe no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.