El mandato de Vizcarra termina indefectiblemente el 28 de julio de 2021, por Federico Prieto Celi

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El poder del Estado ha mutado de tamaño a raíz del encerramiento domiciliario obligatorio de prácticamente toda la población mundial. Esto ha sido posible por el uso de una jurisdicción de excepción por los jefes de estado y de gobierno, también en el Perú. Inclusive se ha llegado a ordenar la detención de las personas de deambulen por las calles sin razón alguna. Vale la pena mencionar el ejemplo de Filipinas, donde el presidente Rodrigo Duterte se da el lujo de ordenar a la policía que dispare a matar a los ciudadanos que violen la cuarentena domiciliaria en su país, mientras pide al Congreso restaurar la pena de muerte.

El presidente Martín Vizcarra, tan sensible a los índices de popularidad en las encuestas, se ha convertido en el vocero diario del gobierno en la lucha contra el Covid- 19, para dejar claro que el que las medidas tomadas las decide él. Esta actitud desdice del decoro que debe asumir todo jefe de estado. Desde que asumió el mando hasta ahora no ha dejado de aparecer en los canales de televisión y hay que temer que lo siga haciendo cuando termine la lucha contra el Covid-19, de tal modo de impedir que otra persona le haga sombra.

Si solo fuera un tema de vanidad personal o un afán de figurar por ambición política el daño podría remediarse, mediante el castigo de la opinión pública restándole popularidad en las encuestas. El peligro está en que si ya ha tenido tendencia a pasarse de la raya legal al cerrar el Congreso, contra el espíritu y la letra de la Constitución, y ahora toma medidas día tras días hasta el punto de decir qué días pueden salir los hombres y qué días las mujeres, no queda más que pensar que cuando vuelva la normalidad le va a costar ceñirse escrupulosamente a las funciones ordinarias de un jefe de estado. Como se sabe en el sector público el funcionario del estado solamente puede hacer lo que la ley mande.

Esta cuestión tiene un punto clave en la fecha de las elecciones generales (parlamentarias y presidenciales) que se deben convocar para el primer semestre de 2021, de tal manera que las nuevas autoridades puedan asumir el mando el 28 de julio de ese año. Buscar que el nuevo Congreso cambie esta legislación y permita al actual presidente prolongar su mandato o postular a la presidencia sería lo más dañino que puede ocurrir para la democracia peruana.

La evaluación de su gobierno en los primeros meses de su mandato presidencial, que asumió como vicepresidente de Pedro Pablo Kuczynski; su desempeño frente a la epidemia de Covid-19; y como será su posterior manejo económico, vale para juzgar su mandato presidencial, no para que el pueblo le otorgue inmediatamente otro. No olvidemos que el régimen económico de la Constitución de 1993, en el gobierno de Alberto Fujimori; y el buen manejo del Banco Central de Reserva del Perú, encabezado por Julio Velarde, son lo que ha permitido mantener una relativa buena situación económica en las últimas décadas, a pesar de los mediocres gobiernos y su desgraciada corrupción, que nos ha privado de los miles de millones de soles que ahora podíamos haber utilizado, junto con los dineros que hemos podido salvar de la barbarie en el Tesoro Público.

 

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