El margen de apreciación y la Corte Interamericana, por Ernesto Álvarez Miranda

770

Comencemos por recordar que la Carta Magna de un país es el resultado de su propia evolución histórica, siendo un Pacto Social y Político porque los ciudadanos aceptamos una autoridad, sometida a controles, y además perenniza los valores que la propia comunidad considera importantes para su supervivencia y desarrollo. Es así que, la Constitución es un producto sociológico y cultural, profundamente enraizado en la realidad de un determinado país. A manera de ejemplo, si a Bolivia, a Haití y a Inglaterra se les dotara del mismo texto constitucional, el efecto sería diferente en cada uno, pues cada disposición exhibiría abismales diferencias al momento de concretarse en cada sociedad.

Por eso, la Constitución nunca llega a ser mejor que, lo que le permita ser la realidad de su país. En ese sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desarrollado la doctrina conocida como margen de apreciación, como criterio válido para asegurar el respeto a las legítimas diferencias en las tradiciones y culturas de los países. El margen de apreciación permite atender a las sensibilidades nacionales, convirtiéndose en un instrumento útil y flexible para determinar la intensidad del control sobre las interferencias en los derechos humanos.

Esta doctrina, desarrollada ampliamente por la jurisprudencia del Tribunal, permite considerar la importancia del derecho afectado, el argumento de la mejor posición, y la existencia o no de un consenso respecto de la medida objeto de control. Se pretende evitar así, sentencias que se perciban odiosas e invasivas al pensamiento de una comunidad nacional, tratando así, de no confrontar con las líneas esenciales de las constituciones nacionales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es mucho menos cuidadosa, porque asume que debe construir un estándar mínimo de protección para los derechos, no obstante, en el Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica concedió un margen de apreciación para que los Estados fijen recursos ordinarios eficaces para proteger esos derechos. La clave para el sistema interamericano es el denominado principio de subsidiaridad, por el que se presume que los Estados están en mejor posición para determinar la forma más adecuada de ajustarse a sus compromisos jurídicos internacionales. Sin perjuicio de ello, sería importante para asegurar la legitimidad del sistema, de cara a los cambios políticos que pueden producirse en Latinoamérica, que la Corte desarrolle también su propia versión de la doctrina del margen de apreciación para evitar problemas como el que describo a continuación.

En el Caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica, se llega a modificar la Convención Americana, que en su artículo 4.1 dice toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. La Corte, vía interpretación manipulativa, otorga al claro dispositivo un contenido más que distinto, diríamos opuesto, al declarar que concepción no es lo que los Estados que suscribieron y ratificaron la Convención tenían por cierto, la unión del espermatozoide con el óvulo, sino la anidación del óvulo fecundado a la pared del endometrio. Lo hizo validando la postura de las clínicas de fecundación que tienen el inconveniente de disponer de un número variable de embriones congelados, ya ajenos al interés de los padres que normalmente ya obtuvieron con un solo embrión lo que buscaban.

Lo sucedido constituye un peligro para la necesario equilibrio entre el principio democrático que juzga necesario recoger la opinión de los ciudadanos, frente a la aplicación del Derecho a cargo de los jueces. La Constitución entendida como Carta política y entendida, al mismo tiempo, como norma suprema. De ignorarse la naturaleza política de la Constitución, los jueces constitucionales y ordinarios podrían emitir sentencias siguiendo el parecer de la Corte sin ningún sentido crítico.  Sin caer en el originalismo, es legítimo preguntarnos si tanto la Convención Americana como la Constitución deben terminar siendo, lo que la Corte diga que son.

Los Estados deben tener la posibilidad de determinar, de acuerdo a los valores culturales de su propia comunidad política, cuándo aparece la vida y cuándo se produce la muerte, en tanto se guarde un estándar mínimo de respeto a la dignidad humana. Para ello, necesitamos una Corte que respete el margen de apreciación, vinculando la interpretación judicial al principio pro homine y en favor de la vida.

Lucidez no necesariamente comparte las opiniones presentadas por sus columnistas, sin embargo respeta y defiende su derecho a presentarlas.