El país del privilegio, por Eduardo Herrera

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Una periodista llama a un oficial de alto rango al ser intervenida por presunto incumplimiento de la ley de declaratoria de emergencia. La situación no es poco frecuente, no en nuestro país. La vara, el “tarjetazo” o el “contacto de arriba” son instituciones de fuerte arraigo en el Perú y, si nos los tienes, eres un genuino NN.

Un ex futbolista cae detenido por trasgredir la misma ley, se intenta justificar y pese a ello es conducido a una comisaría donde debería cumplir, como todos los otros ciudadanos, la sanción por ese incumplimiento. No pues, dejemos pasar un rato que la cosa se enfríe y lo dejamos libre, “caleta” no más. Tampoco es la primera vez que sucede.

Un oficial del Ejército Peruano interviene a algunas personas por haber vulnerado la mentada ley, como estos se pusieron “faltosos” ante la autoridad, el capitán decidió meterle algunas cachetadas a uno de ellos.

Para los seguidores de la “doctrina cachetada” -que son la inmensa mayoría- la justificación de la violencia está en la necesidad de implementar aprendizajes forzosos en dos vías, para que el sujeto reflexione y/o para que los demás tengan cierta resistencia a imitar la conducta (lo que en derecho penal se llama prevención general y prevención especial, respectivamente). No obstante, la misma “doctrina cachetada” puede extenderse a otras demostraciones de fuerza bruta llegando -por qué no- hasta la muerte (para que los demás aprendan). Esta posición, dicho sea de paso, relativiza la norma legal, porque si la norma ya tiene su propio castigo ¿qué sentido tiene agregarle otro más?

La situación de incumplimiento parcial de la ley de declaratoria de emergencia ha generado que el gobierno emita otra norma que establece un régimen de privilegio a los miembros de las FFAA y PNP. En resumen, nadie los puede detener si se aprecia que han actuado en sujeción a la ley (cosa que en mi modesto parecer es muy difícil de determinar en un corto período de tiempo como el que supone la calificación de un caso por un Juez Penal). La finalidad de la norma en cuestión es evitar los abusos que padecen un montón de buenos policías que cumplen su misión y que se ven enredados en procesos penales absurdos. Millones de peruanos sufren similares abusos en distintas proporciones. La norma, sin duda alguna, se emite por la desconfianza ante el sistema de Justicia ¿por qué solo proteger a unos?

La autoridad -no aquellos que son figura pública- determina un privilegio porque confiere una posición desde la cual se pueden hacer cosas que otro ciudadano común y corriente no puede. Esto supone, a la vez, una carga porque si la misma autoridad vulnera cualquier ley recibe un castigo agravado. Este privilegio puede ser usado para bien o para mal.

¿Por qué existen este tipo de privilegios? Porque, dentro de un sistema como el nuestro que funciona en torno a un Estado, existen personas que deben hacer cumplir sus disposiciones (esas son las autoridades). Ahora bien ¿quién regula que esas autoridades

no abusen de sus privilegios para que no sucedan casos como los antes descritos? Muy simple, se supone, que debería el sistema de Justicia que, a su vez, está compuesto por otras autoridades que actúan como una suerte de contrapeso. Este sistema, se supone, debería ser predictible, seguro y confiable para que también proteja a las mismas autoridades que actúan conforme a ley. Entonces, no basta emitir normas “parche” para intentar -seguramente, con buena intención- parar los abusos, tampoco crear regímenes especiales porque eso genera situaciones no deseadas solo para unos (privilegios); lo que tiene que hacerse ya, de manera urgente, es rediseñar todo el sistema. Pensar desde afuera de la caja, crear competencias virtuosas dentro y en paralelo al sistema, involucrar menos abogados (y menos “notables”), hacerlo permanentemente y sin miedo. Es momento.