El país no es un juego, por Raúl Bravo Sender

En las elecciones los candidatos pueden asumir las posturas ideológicas y políticas que consideren legítimas para representar. Sin embargo, una vez que un nuevo Presidente de la República asume como tal, este gobierna para todas las personas. Es decir, desde ese momento debe dejar de lado su ideología particular o partidaria, pues en adelante se deberá a toda la sociedad. Pareciera que nos hemos olvidado de esta elemental manera de ejercer el poder.

Todo indica que no se ha superado el estilo intolerante con el que, los monarcas europeos de las guerras de la religión, confundieron sus creencias personales cuando eran las máximas autoridades. Una nueva inquisición pretende instalarse en el poder, que juzga y le pone la cruz a todo aquel que piense distinto. Para legitimarse, muchos alegan representar al pueblo. Esta palabra es muy gaseosa porque solo existen individuos, cada uno con su  manera particular de pensar.

La modernidad trajo consigo la idea fundamental de que el ejercicio del poder tiene límites y que, tanto gobernantes como gobernados, estamos sometidos al imperio de la ley. Dado  que la sociedad civil no es lo mismo que el Estado ni el gobierno, se ha colocado una Constitución con el propósito de garantizar las libertades individuales. Los gobiernos deben entender que no ejercen ni para los ricos ni para los pobres, ya que lo hacen para toda la población.

Gobernar para ciertas demandas populares o determinadas agendas es igual que velar por los intereses de los ricos. Es el mismo mercantilismo. La ley y el Estado no son instrumentos para satisfacer las exigencias de un grupo. Esto se agrava cuando las actitudes y declaraciones no transmiten seguridad y confianza sino que más bien generan inestabilidad e incertidumbre entre los agentes económicos, ahuyentando a la inversión privada y los capitales, que son los que generan empleo. El dólar en alza es como la fiebre en subida. Es un síntoma que nos indica que la política económica no se maneja con sensatez.

Si la consigna es cobrarse la revancha con quienes consideran la élite oligárquica para hacer una suerte de ajusticiamiento de las que llaman clases sociales postergadas, entonces se cometen e incurren los mismos errores de los que usan el poder para favorecerse a sí mismos. Se quiere hacer creer que existe una supuesta lucha de clases entre ricos y pobres. Lo cierto es que el individuo de a pie sabe que solamente saldrá adelante con su propio esfuerzo y trabajo, pero para ello requiere de un clima de estabilidad política y de seguridad jurídica, cosa que los poderes del Estado deben garantizar.

La Constitución prevé las figuras de la cuestión de confianza, de la censura y de la vacancia presidencial. Sin embargo, estas deben usarse con la prudencia y mesura que las circunstancias demanden. Radicalizar el discurso para ahondar en las contradicciones y de esa manera forzar una confrontación entre poderes del Estado, es totalmente irresponsable. No le hace bien a la gobernabilidad democrática. Gobierno y Parlamento deben tender puentes y dejar de lado sus diferencias poniendo paños fríos. La sociedad civil demanda responsabilidad en el ejercicio del poder por parte de todos los políticos.

Cuando se alega que el pueblo quiere una nueva Constitución mediante una Asamblea Constituyente, lo que en realidad se debe reparar es que aquellas concentran todo el poder. Esto va en contra de la esencia del estado de derecho, la idea del poder limitado. Se habla de otra Carta Magna, pero no se dice qué es lo que se quiere cambiar de la misma.

Ello solo genera más incertidumbre y zozobra en la población. Este punto no es urgente en la actualidad. Lo son hacerle frente a la pandemia y lograr la reactivación económica. Por ello, dejen de polarizar a la sociedad irresponsablemente. No le hagan más daño al país.

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