El Perú, país sin libertad religiosa

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Debo reconocer que el título es engañoso. Tanto en la Constitución Nacional de 1993 (artículo 50) como en las anteriores desde 1915 está garantizada la libertad de cultos para todos los habitantes del país. Y en la práctica, somos testigos de que en Perú nadie es perseguido, ni acosado ni menos aún discriminado por ser acólito de tal o cual religión.

Ahora, ¿son sinónimos la libertad religiosa y la de culto?

En la segunda hay un componente que se refiere a ciertas prácticas, tales como la de fundar, mantener, y sostener instituciones que permitan a los miembros de determinada religión ejercer su culto, tradiciones, costumbres, ritos, festividades y demás de manera adecuada. Esa libertad creo que funciona bien en el Perú.

Sin embrago, y aquí están el pero y la contradicción, la actual Ley 29635 del 2010 está reglamentada de tal manera que no hace más que impedir el ejercicio de esas libertades de culto que el artículo 50 de la Constitución consagra. Y es que esa ley 29635 es en líneas generales un avance positivo para garantizar la libre práctica religiosa, pero está reglamentada de tal manera (obra de alguna mano en el Ministerio de Justicia) que impide que se concretice lo que la ley sanciona.

El artículo 50 mencionado de la Constitución estipula que el Estado peruano respeta a las religiones diferentes de la Católica y puede establecer convenios de colaboración con ellas. Hasta ahí todo excelente. Pero en el Reglamento de marras, y en conformidad con el artículo 14 de la ley 29635 se establece que el número mínimo de fieles que una religión dada debe presentar, ya no para celebrar convenios con el Estado sino solo para estar inscriptas en el Registro de Confesiones Distintas a la Católica es de… ¡10.000! (diez mil individuos mayores de edad), y además de ello, tienen que brindarse los datos de filiación de los mismos. Lo que constituye una flagrante violación del artículo 9º de la Ley 29635, que establece que “nadie puede ser obligado a manifestar su convicción religiosa”. ¿En qué quedamos entonces? No se puede obligar por ley a nadie a decir “soy evangélico o musulmán u ortodoxo o practico un culto andino”, pero sí por reglamento (que posee una jerarquía inferior a la ley) se puede obligar a que el señor X manifieste que es luterano o anglicano. Y si no lo hace, su comunidad no puede inscribirse en el Registro Nacional de Religiones.

El Comité Inter Religioso del Perú que reúne a diferentes comunidades de fe, ha trabajado arduamente desde el año 2005 para que salga la Ley de Libertad Religiosa. Costó más de 5 años de trabajo, cabildeos, charlas con Congresistas y de concertación entre todas las religiones (incluida la Iglesia Católica que siempre apoyó el proyecto y el concepto de libertad religiosa) para que salga la ley.

Una vez que ésta fue realidad se dijo que aún no se podía aplicar porque aún no estaba reglamentada. Y lo más tragicómico es que una vez que ya está reglamentada, no se puede tampoco aplicar porque el reglamento se redactó de manera tal que más del 98% de las Religiones presentes en el Perú no puedan acogerse a la ley por tener menos de 10.000 acólitos, o asociados.

Sabemos que los distintos Ministros y Vice Ministros de Justicia de este y del anterior gobierno han manifestado su buena voluntad para que el Reglamento sea modificado lo antes posible para que el ley se vuelva aplicable. Parece que hubiera un estamento más allá de los Ministros a quien o no le interesa y le incomoda que en el Perú haya libertad religiosa, no una simple libertad de Cultos.

El desprecio por alguna de las libertades, cualquiera sea esta, puede transformarse más pronto que tarde en desprecio por otras o por todas las libertades, y esa no es la imagen que el Perú desea dar. Queremos creer al menos.-

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