El tribunal cortoplacista, por Gonzalo Ramírez de la Torre

"Todo gobierno, de ahora en adelante, está a dos ‘denegaciones fácticas’ de sacarse de encima a quienes deben fiscalizarlo".

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Ayer, el Tribunal Constitucional (TC), con los votos de cuatro de sus magistrados, eligió declarar infundada la demanda competencial presentada por el titular de la Comisión Permanente Pedro Olaechea a propósito de la disolución del Congreso, determinada por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre del año pasado. Así, en pocas palabras, el máximo intérprete de la Carta Magna le ha dado su visto bueno a la manera en la que el Ejecutivo determinó la extinción de su contrapeso legislativo, avalando la ‘denegación fáctica’ interpretada por el jefe del Estado para ese fin.

He estado en contra de la disolución del Congreso desde que se consumó hace 107 días. Mi oposición, por supuesto, no se sustenta en alguna afinidad con la mayoría obstruccionista y prepotente que rigió ese poder del Estado desde el 2016, sino en la manera en la que Martín Vizcarra eligió definir su cierre. La idea de que un mandatario pueda interpretar cuándo el Legislativo le negó la confianza, sin importar la posición que los representantes hayan expresado a través de sus votos en el hemiciclo, me parece sumamente peligrosa. Bajo esta lógica, la ruta para deshacerse de una institución clave para el funcionamiento pleno del sistema democrático puede ser determinada por el antojo interpretativo del mandatario de turno, y en el futuro este podría no ser tan popular como el actual.

Sin embargo, la mayoría del TC se ha mostrado a favor de lo hecho por el Ejecutivo, ha determinado que, en efecto, la confianza le fue denegada en los hechos y que no se perpetró ninguna falta constitucional cuando se decidió disolver el Parlamento. Una decisión que sintoniza con el sentir de la mayor parte de la ciudadanía y que, en las redes sociales, está siendo harto celebrada.

Pero la medida tomada por el TC solo significa una dosis de calma para el corto plazo. El gran problema ahora es el precedente que se termina sentando con esta situación. Todo gobierno, de ahora en adelante, está a dos ‘denegaciones fácticas’ de sacarse de encima a quienes deben fiscalizarlo y los criterios sugeridos ayer por los magistrados del TC para acotar los alcances (y abusos) de la cuestión de confianza son un saludo a la bandera que no va a cambiar nada…

El fallo del TC debió estar definido por el ideal democrático que protege la Constitución, aquel que identifica en la división de poderes una de las esencias máximas de nuestro Estado de derecho y que entiende que los organismos conformados a través del voto popular tienen que ser protegidos. Lo que pasó en el hemiciclo el 30 de setiembre no debió bastar para alterar tan profundamente la manera en la que el gobierno y los legisladores se relacionarán en el futuro. Sí, el Congreso elegido en el 2016 era nefasto y sus representantes (desde los que blindaban a personajes como Pedro Chávarry hasta los que contrataban terroristas para trabajar en sus despachos) eran una muestra de lo peor que tiene la política peruana, pero se trataba de un órgano designado por la ciudadanía y cuya desaparición, así como se dio, ha sido una tragedia para el país.

Ahora, el trabajo por delante es evidente: el Congreso que vaya a ser elegido el próximo 26 de enero tiene que evaluar emprender una reforma sensata de la cuestión de confianza. No se trata de eliminarla ni de hacerla inocua, sino de que no suponga una ventaja injusta del Ejecutivo sobre el Legislativo.