Hace algunos días se evidenció un serio problema de prudencia, profesionalismo y lealtad en el seno del Poder Ejecutivo producto de una serie de declaraciones, claro está, por demás inoportunas, de algunos procuradores públicos con relación a las pesquisas que actualmente se realizan en el marco de las investigaciones por el Caso Odebrecht.
A la usanza de los antiguos limeños, bien podríamos repetir ese viejo adagio que reza: “las balas que matan salen de la propia trinchera”; y eso, ¿por qué?; pues, porque la Fiscal Ad Hoc Kastherine Ampuero no tuvo mejor idea que la de salir de medios a disparar a diestra y siniestra contra el propio Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski por unos supuestos depósitos que habría efectuado la empresa Odebrecht a favor de empresas vinculadas en su oportunidad al actual primer mandatario. Cabe resaltar, como es de conocimiento público que la referida procuradora realizó una gira por los principales medios de comunicación y programas de coyuntura política difundiendo esta tesis y, como era de esperarse, tuvo mucha receptividad.
Esta inusual practica de los procuradores no condice con su función pública de salvaguarda de los intereses del Estado dentro de los parámetros de un proceso de investigación ordenado, serio, garantista y sobretodo reservado, sin que se genere pues, un manoseo mediático que las desnaturalice y tergiverse, gestando así su pérdida de seriedad y sobretodo eficiencia. Empero, contrario sensu, tenemos una situación caótica donde los procuradores salen a medios a especular sobre sus investigaciones y posibles acciones a tomar ante la advertencia de supuestos actos de corrupción muchas veces aún en proceso de validación.
Esta realidad supone un problema mayor del que implica la mera observancia de los parámetros que demanda un proceso de investigación serio y eficaz a nivel de procuraduría pública y nos lleva al campo de la desestabilización política al afectarse directamente el trabajo del Ministerio Público y el Poder Judicial en el caso Odebrecht. Para mejor entender, debemos partir de la premisa que tanto el Ministerio Público como el, Poder Judicial tienen bajos niveles de confianza ciudadana y por ende, cuando se acusa temerariamente a un presidente en ejercicio como lo es Pedro Pablo Kuczynski, o a un ex presidente como Alan García, pues indistintamente a si hayan o no elementos de juicios para denunciarlos penalmente, siempre va a quedar en el imaginario colectivo ciudadano que si no se toca a Kuczynski, el Ministerio Público y el Poder Judicial sucumbieron ante el poder del mandatario de turno y. en ese mismo orden de ideas, si no se toca a García, pues ambas entidades, están plagadas de apristas que bloquean las acciones contra su líder más emblemático.
En concreto, por angas o por mangas es un buen negocio mandar la pelota desde la procuraduría pública hasta el Ministerio Público y Poder Judicial porque hayan o no hayan pruebas, la procuraduría siempre va a quedar como la buena de la película mientras estas dos últimas entidades o como héroes, si hay delito sobre el cual denunciar y sentenciar, o como cómplices, si no lo hay, valga la redundancia, delito alguno sobre el cual denunciar y sentenciar, aunque en puridad, esta última situación sea la acorde con la realidad.
Todo este circo mediático de los procuradores públicos ad hoc a más de uno, y me incluyo, trajo a la memoria el protagonismo que alcanzo hace algunos años la actual congresista de la República Jenny Vilcatoma, cuando grabó y denunció al en ese entonces Ministro de Justicia y Derechos Humanos y Culto, el funcionario humalista Daniel Figallo; por una supuesta injerencia a favor de la ahora tan tristemente celebré empresa Odebrecht, que afectaba la independencia y autonomía funcional de la entonces procuradora pública.
Hoy los procuradores públicos hacen política desde sus puestos, desestabilizan la gobernabilidad e institucionalidad y peor aún, siempre pueden quedar como los buenos de la película en la medida que si se les llama al orden, bien pueden hacer una conferencia pública para renunciar en bloque aduciendo que no se les deja trabajar y que no se respeta su autonomía. Me alegro mucho ver el espaldarazo que en agosto del año pasado se le dio a Julia Príncipe con las facilidades y garantías del caso para el desempeño de un trabajo autónomo y con las necesidades logísticas del caso bien a cubierto para ella y su equipo; sin embargo, denoto un abuso de confianza de su parte contra el Presidente y su Ministra de Justicia, con quien en algún momento la procuradora Príncipe disputo el fajín ministerial. Es tiempo pues de guardar orden, hacer un trabajo serio y eficiente desde la procuraduría y pasársela emulando a Yeni Vilcatorma fuera del ejercicio de la función pública.