¿En quién confiar?, por Raúl Bravo Sender

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El gobierno del Presidente Martín Vizcarra Cornejo se propuso como política la lucha contra la corrupción, que lo llevó a enfrentarse contra una mayoría parlamentaria fujimorista –a la que calificó de obstruccionista-, dando lugar a una crisis que finalmente desencadenó en la disolución del Congreso de la República en Setiembre del año pasado y la consecuente realización de elecciones el último 26 de Enero para renovar la representación parlamentaria.

En enero del 2017, el gobierno del entonces Presidente PPK, resolvió el contrato de concesión del gasoducto sur peruano, que el Estado peruano había celebrado con las consorciadas Enagas, Odebrecht y, Graña y Montero, debido a que no cumplieron con acreditar el cierre financiero del proyecto.

Mientras que por un lado, la empresa inmobiliaria brasilera ha negociado beneficios con el Ministerio Público a cambio de proporcionar información, en los proyectos: línea 1 del metro de Lima, tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica, vía evitamiento Cusco y, costa verde Callao, por otro lado nos hemos enterado que venía negociando con el gobierno por la resolución del contrato gasoducto sur peruano y, al haber fracasado en ello, ha iniciado un procedimiento arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones “CIADI” del Banco Mundial, contra nuestro país, teniendo como pretensión indemnizatoria la exorbitante suma de mil doscientos millones de dólares. Sin embargo, haciendo sumas y restas del resultado de los procesos penales en que se encuentra inmersa, la constructora tendrá que asumir reparaciones civiles a favor del Estado peruano.

Se ha especulado que tal decisión de emplazar a nuestro país ante los tribunales internacionales, habría obedecido a la responsabilidad por omisión en que pudieron haber incurrido sus funcionarios, por dejar transcurrir los plazos que configurarían la prescripción de la acción. Sin embargo, no deja de llamarnos la atención ¿hasta qué punto el comportamiento de esta empresa podría ser considerado como desleal con el país que le confió la construcción de más de una obra y del que se ha beneficiado dudosa y desproporcionadamente?

La última semana salió a la luz una omisión inadvertida por el gobierno, esto es, que la empresa de su renunciante Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, había brindado asesorías a la constructora Odebrecht. Pero, el detonante que finalmente remeció al ya endeble y cuestionado gabinete, ha sido el hecho que, según declaraciones a la prensa del ex Procurador Jorge Ramírez Ramírez, desde Diciembre del año pasado, el Presidente de la República y su Premier ya tenían conocimiento de las intenciones de la referida empresa de emplazar al Perú ante el CIADI.

Si existe una controversia sobre la interpretación o ejecución de un contrato, lo lógico es que las partes hagan lo posible para resolverla, evitando recurrir a los tribunales de justicia. Eso no está mal. En este caso, lo cuestionable del comportamiento de los actores gubernamentales involucrados, es el haberlo mantenido en reserva, como si estuvieran haciendo algo malo a escondidas. ¿En quién o quiénes podemos confiar los peruanos?

En ese contexto, realmente ¿qué hemos ganado con el acuerdo de colaboración eficaz celebrado con Odebrecht y homologado por el Poder Judicial? Con algo más de tres años de show mediático ante la prensa y la morbosa opinión pública, los fiscales a cargo de los casos emblemáticos sólo han logrado cuestionadas –por los supuestos en que se han fundado- prisiones preventivas y una que otra acusación.

Es cierto que Toledo, los Humala, Keiko, PPK, Villanueva, Villarán, Castañeda, Hinostroza, entre otros, deben responder ante la justicia, en el marco del debido proceso. Pero las empresas involucradas y sus funcionarios también deben hacerlo. Sin embargo, pareciera que el poder político juega en pared con éstos últimos, al dividirnos a los peruanos apelando a una gaseosa lucha contra la corrupción, dejándonos como unos tontos frente a quienes en nuestras narices se levantaron en peso al presupuesto con sobrevaloradas obras. Tómese nota para que no se repita.

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