Entendiendo el «Roba pero hace obra»

Por Alfonso de la Torre Actualizado el Feb 2, 2019

En la encuesta de Datum publicada el pasado 21 de setiembre, el 41% de los limeños señaló que estaría dispuesto a votar por un candidato que “roba pero hace obra”. Desde entonces, y a lo largo de los últimos diez días, se han desatado una serie de reflexiones y artículos examinando la naturaleza de este resultado e incluso llegó a convocarse una marcha en contra de esta opción, la cual fue organizada por el colectivo Lima Sin Corrupción. El tema pues, está caliente y probablemente trascienda al resultado de este domingo, teniendo en cuenta sobre todo que una nueva elección presidencial nos espera en 2016.

En este humilde espacio pretendo explorar el problema desde una nueva arista que, hasta donde tengo entendido, no ha sido explorada.

Antes, sin embargo, quisiera hacer un par de descargos. Es importante resaltar que esta no es una apología. La corrupción es inmoral y además genera costos elevadísimos para la economía, tanto en el corto plazo (genera sobre costos a la asignación de recursos) como en el largo (debilita los arreglos institucionales a nivel público y privado). La corrupción debe ser rechazada y combatida por todos los peruanos.

Justamente es necesario entenderla porque debe ser combatida. La pregunta clave al respecto es la siguiente: ¿por qué una población que hace muy poco rechazó el aumento de sueldo entre los ministros de Estado ahora parece mostrarse tan cómoda frente a la malversación y apropiación ilícita de recursos públicos? En ambos casos se trata de fondos generados a través del pago de impuestos. Si el peruano de a pie se mostrara tan complaciente con el “robo”, no tiene mucho sentido que desapruebe un aumento de sueldo a los funcionarios.

Salvo que asumamos que los limeños preferimos que nos roben en vez de pagar mejores sueldos, la respuesta parece residir en la segunda cláusula de la pregunta hecha por Datum: “pero hace obra”. El “robo” es aceptado siempre y cuando el funcionario en cuestión ofrezca una mejor gestión. Dicho de otra forma, la eficiencia parece ser una condición necesaria para tolerar un mayor costo en el “pago” (sueldo más el monto apropiado indebidamente) del funcionario. Como es lógico suponer, si una persona está dispuesta a que el funcionario eficiente le cueste un poco más por la vía del robo, es probable que no se oponga mucho si es que al final su sueldo es elevado por la vía regular. Esto es paradójico considerando nuevamente que la mayoría de la población rechazó el aumento de sueldo a los ministros de Estado hace tan sólo unos meses.

La aparente paradoja sugiere que el ciudadano de a pie prefiere pagar más por algo mejor. Lo cual no debe sorprender, porque ése es el comportamiento que todos tenemos en nuestra vida cotidiana.

En mercados ordinarios, los consumidores estamos muchas veces dispuestos a pagar una “prima” sobre el precio ordinario: pagamos más por carros que son más bonitos o rinden mejor, por celulares hechos de metal en comparación con los que están hechos de plástico, por platos en restaurantes donde utilizan ingredientes más frescos en vez de la comida rápida, etc. Cuanto más escaso es el valor añadido que buscamos, mayor es la “prima”. Este principio también se aplica en los mercados financieros: cuando un activo en particular resulta muy atractivo por cualquier razón, estos se venden con una prima sobre su valor nominal (los bonos europeos de corta duración son un ejemplo reciente).

Esto nos devuelve a la campaña municipal. Pareciera que para la población de Lima la eficiencia (“las obras”) es un valor escaso. Es por esa razón que las personas están dispuestas a que les cueste un poco más. Cuando la gente dice que votaría por alguien que “roba pero hace obra”, efectivamente está diciendo que está dispuesta a pagar más por un mejor servicio (en este caso de sus funcionarios públicos). ¿Suena conocido?

Las implicancias de este comportamiento para la gestión pública podrían ser enormes. Primero, queda claro que el Estado podría atraer a los mejores profesionales y remunerarlos adecuadamente si la población percibe los beneficios de su trabajo. El aumento del sueldo a los ministros, muchos de ellos profesionales muy capaces y destacados, no fue bien recibido porque muchos ciudadanos no perciben directamente los beneficios de su labor. En segundo lugar, es momento de comenzar a explorar nuevas estructuras remunerativas que puedan aproximarse a las del sector privado: los sueldos de algunos funcionarios (empezando por los de elección popular) podría ser de composición mixta, con una parte fija y otra variable a ser ajustada a la mitad y final de su mandato en base a los resultados obtenidos. Aunque esta idea tendría que ser implementada con cuidado (instituyendo límites a la publicidad estatal, por ejemplo), el concepto bien podría explorarse como mecanismo para reducir los incentivos siniestros que acompañan a la gestión pública. La lista continúa. Lo importante es tener en cuenta que la población reconoce el mayor costo marginal de una mejor gestión.

¿Todo esto vuelve legítimas las preferencias expuestas por Datum en su sondeo? Por supuesto que no. Pero bien haríamos en entender por qué nuestra sociedad está expresando las preferencias que manifiesta y cómo podemos modificar el diseño institucional de tal manera que esto pueda cambiar. Este es, clara está, un proyecto de largo plazo. Por ahora, sólo nos queda votar por alguien que pueda ser eficiente y honesto al mismo tiempo. Ojalá quien salga elegido encaje en ese molde.