Hace unos años se estrenó la aclamada película francesa “Amigos”, la cual narra la historia de amistad entre un rebelde joven, Driss, y un acaudalado hombre de negocios, Philippe, quien quedó cuadrapléjico como consecuencia de un accidente. En una de las primeras secuencias de la película, podemos ver que Driss, quien estaba desempleado, lleva una vida despreocupada y recurre periódicamente a entrevistas de trabajo. Sin embargo, para Driss, esta búsqueda de entrevistas no tiene como objetivo el encontrar un puesto, sino el ser rechazado constantemente por empresas para así probar al Estado que, efectivamente, estaba en búsqueda de un trabajo pero sin éxito, lo que lo hacía elegible para continuar recibiendo el subsidio de desempleo. Finalmente, y ante la insistencia de su familia, se ve obligado a tomar el puesto de acompañante de Philippe con quien termina forjando una gran amistad. Si bien la situación descrita en la película es un pasaje sin relevancia dentro del desarrollo de la misma, es una de las tendencias relacionadas con la expansión del Estado de bienestar, que se extienden paulatinamente no solo en Francia, sino en diferentes países de Europa y otras regiones. Actualmente existen defensores y detractores del denominado Estado de bienestar, el cual, a través de sus diferentes modelos (anglosajón, nórdico, etc.), es aplicado por la mayoría de los Estados a nivel mundial en mayor o en menor medida de acuerdo a sus capacidades económicas, fiscales, políticas e institucionales. Sin embargo, hoy en día muchos economistas y analistas hablan de una “crisis” del Estado de bienestar, y si bien es cierto que gran parte de dicha crisis se debe a las recesiones económicas y las turbulencias financieras de la última década, es innegable que también existen una serie de factores, desde errores de aplicación y concepción, hasta temas socioculturales y psicológicos.
En términos generales, el deber esencial de cualquier Estado es asegurar el bienestar de su población, y en ese sentido, en muchas naciones desarrolladas y en vías de desarrollo el papel del Estado (sin restarle importancia al rol y contribuciones del sector privado) ha sido esencial para el desarrollo social a través de la expansión del acceso a la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, entre otros beneficios y derechos. Evidentemente, esto está supeditado al desarrollo económico y la riqueza del país, que son elementos fundamentales para financiar el desarrollo social de manera sostenible, por lo que las naciones más desarrolladas son las que poseen sistemas de bienestar social más extendido y las naciones emergentes los van extendiendo conforme van progresando. A simple vista, estos beneficios parecen ser irreprochables para el bienestar de una sociedad, ya que definitivamente contribuyen a mejorar y mantener la calidad de vida de la población, sobretodo de los que son el principal objetivo de dichos programas, como ancianos, madres solteras, niños, discapacitados, etc. Sin embargo, tras años e incluso décadas de implementación en ciertos países, algunas de estas políticas parecen no solo haber distorsionado ciertos factores socioeconómicos de las sociedades sino también haber mermado la autosuficiencia de una parte de la población, que en muchos casos abusa o se aprovecha de las políticas del Estado de bienestar, volviéndose sumamente dependientes del Estado como en el caso de Driss.
Décadas atrás, países como Argentina, Francia y España gozaban de un boyante desarrollo económico así como de un vertiginoso desarrollo industrial y social. El dinamismo de sus mercados y el desarrollo de las clases sociales pujantes caracterizaron a estos países durante años, reafirmando a Francia como potencia, convirtiendo a España en un país del primer mundo en tiempo record y posicionando a Argentina como un país envidiable en Latinoamérica. Sin embargo, incluso muchos años antes de la crisis del 2008, estos países empezaron a tener problemas en sus sociedades relacionados con una decreciente fuerza laboral, estancamiento de la economía y deficit financieros como resultado de años de enormes presupuestos destinados a diferentes subsidios a la población.. Estos países, al igual que muchos otros, tuvieron gobiernos que en tiempo de bonanza económica implementaron políticas sociales que buscaban garantizar el bienestar de sus sociedades e impedir cualquier retroceso socioeconómico. En algunos casos esto se dio sin incluso haber alcanzado el desarrollo económico necesario para poder hacerlo. Si bien estas medidas tuvieron un impacto positivo en la economía y la sociedad de estos países en el corto y mediano plazo, promovieron la imagen de un Estado muchas veces benefactor en demasía y del cual mucha gente se fue acostumbrando a recibir asistencia continuamente, atenuando la capacidad laboral y productiva de un sector de la población que no necesariamente era el objetivo de dichas políticas o que en todo caso, lo eran temporalmente. A esto se debe sumar el hecho de que en casos como el de Argentina (Peronismo), Venezuela (Chavismo) y Sudáfrica (ANC), muchas veces estos subsidios han sido utilizados como medidas populistas y cortoplacistas con fines políticos.