Estado peruano se pronuncia tras ser demandado por Odebrecht, quien exige más de US$ 1 200 millones de indemnización

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El Ministerio de Economía y Finanzas informó que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (“CIADI”), una institución arbitral afiliada al Banco Mundial con sede en Washington, D.C.,registró el día 04 de febrero de 2020 una solicitud de arbitraje presentada por la empresa Odebrecth Latinvest S.a.r.l., una subsidiaria constituida en Luxemburgo de la empresa brasileira Odebrecht S.A, en contra de la República del Perú (Caso No. ARB/20/04).

Odebrecht presentó su solicitud de arbitraje exigiendo más de US$ 1 200 millones de indemnización, argumentando que el Perú violó sus obligaciones bajo el Convenio entre el Perú y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, en relación al proyecto Gasoducto Sur Peruano (GSP).

Odebrecht argumenta, entre otras cosas, que el 24 de enero de 2017 el Estado canceló de manera arbitraria el contrato de concesión del GSP, y adoptó otras medidas relacionadas con el proyecto que violan los derechos de la subsidiaria de Odebrecht, como la ejecución de la carta fianza correspondiente.

RESPONDE EL ESTADO

Según el Gobierno, el Estado dio por terminado el contrato porque el consorcio no logró obtener el financiamiento y acreditar el cierre financiero dentro del plazo previsto en el Contrato de Concesión, incluso después de dos prórrogas otorgadas por el Estado.

Otras medidas que adoptó el Estado y que son objeto de la demanda arbitral de la subsidiaria de Odebrecht están relacionados con las leyes anticorrupción que adoptó el Estado en febrero del 2017. Odebrecht argumenta en su solicitud de arbitraje, sin embargo, que sus admitidos actos de corrupción no abarcan la concesión del GSP.

“El Estado peruano es respetuoso de sus compromisos, tanto contractuales como internacionales. No obstante, el Estado ejercerá su derecho de defensa y se opondrá con firmeza a cualquier uso inadecuado de los mecanismos de solución de controversias”, añadieron.

“El Perú tiene una sólida trayectoria en los casos de demandas internacionales. El Estado ha obtenido fallos favorables frente a reclamaciones por más de US$ 50 mil millones, en más de una docena de casos presentados por inversionistas en virtud de contratos y Tratados de Inversión. Adicionalmente, como resultado de tales procesos ha recuperado aproximadamente US$110 millones, mostrando una conducta transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho, que ha asegurado los principios rectores sobre promoción de la inversión privada”, resaltaron.

Así las cosas, se anunció que “el Perú se defenderá frente a esta demanda”. Así mismo, el Estado reafirmó su firme compromiso en la lucha contra la corrupción y se reserva todos sus derechos bajo la legislación vigente, incluyendo en materia anti-corrupción, y el derecho internacional público.

El Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión – SICRECI, cuyo coordinador es el Ministerio de Economía y Finanzas, atiende las controversias que se derivan de los tratados de inversión o contratos que remiten a un mecanismo internacional de solución de controversias en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).