A todos nos indigna cuando nos enteramos que un específico grupo de trabajadores de construcción son sorprendidos en plenas labores por una horda –machete en mano- de iracundos sindicalistas, cobrándole cupos al maestro. Una manera de conseguir trabajo recurriendo a la violencia antes que a la libre negociación que premia las capacidades. Durante los últimos días el gobierno ha propuesto que las listas partidarias de candidatos al Congreso tengan 50% de mujeres.
¿Acaso el proceder de quienes desde el poder pretenden introducir cuotas de género para cargos electos, no es similar al de los descontrolados sindicalistas? Así, la sola condición de agremiado o de mujer es mérito suficiente para obtener el puesto de trabajo o la curul. No se miden talentos o competencias. Menos se les deja opción de elegir a los electores. Y al exigir cuotas –o cupos- argumentan lo mismo: “tenemos derecho a trabajar y/o a participar en política”.
Claro que los tienen. Pero pervirtiendo a la ley –o al contrato- no es la forma. En ambos casos, una aparente injusticia o falta de oportunidades constituyen el pretexto perfecto para arrebatar un jornal o conseguir un cargo público. La configuración espontánea de las fuerzas del mercado o de los actores políticos de la sociedad civil no puede valorarse en los términos de justo o injusto. Forzar los procesos económicos y democráticos, finalmente desestimula a sus protagonistas.
De esta manera, el obrero –lo mismo que el político- pierden el incentivo de competir como el medio para ganar sus correspondientes puestos en virtud de haber causado una buena impresión, tanto en el empleador como en el electorado, respectivamente. Por el contrario, harán denodados esfuerzos de influenciar o persuadir al capataz o al gobernante, aunque ello implique volverse violento o tomar plazas y carreteras. Es así como las voluntades de empleadores y electores son doblegadas desde la fuerza.
Los enfoques paritarios, fundados en aquella equivocada manera de identificar a la justicia como si se tratara de un equitativo reparto de oportunidades, torna mediocres a las sociedades, pues nadie se esmera por ser mejor o superarse dado que basta con coaccionar –amenazar o extorsionar- a quien ostenta el poder de decisión. El que no renuncia al esquema competitivo no encaja en un sistema que cada día va devorando –a manera de agujero negro- todas las áreas de la dinámica social.
Después no nos quejemos de la calidad moral y profesional de nuestros “Padres de la Patria”, o del puente que no se cayó sino que se desplomó. Los criterios para seleccionar personal o elegir autoridades políticas, pueden diferir. Pero el fundamento a las finales siempre es el mismo: idoneidad para el puesto o cargo. Queremos trabajadores calificados y experimentados para desempeñarse con profesionalismo y pericia, al igual que Parlamentarios que sepan dónde están parados.
Ello sólo es posible en un régimen de competencia, escenario que premia los talentos, esfuerzos e ingenios que son capaces de satisfacer la demanda de una sociedad en constante explosión. Y este sistema tiene sus propios mecanismos de profilaxis. Se castiga a quien obra a sus espaldas apartándolo de la red de intercambios al dejar de entablar relaciones con aquél. No es necesaria la intervención de un magistrado estatal, pues nos hemos dado cuenta que tienden a torcerse.
Un Congreso igualitario entre hombres y mujeres no asegura que llegarán a un escaño los idóneos para el cargo. La configuración del Parlamento no puede ser diseño de los ingenieros sociales. Debe ser resultado de la convergencia espontánea de las distintas facciones de la sociedad, pues ésta termina por sí sola hallando sus propios arreglos institucionales y representativos. Pero al margen de todo, deben responder: ¿para qué o por qué quieren ser Congresistas? Si lo es para patrocinar o defender intereses privados –empezando por la manera en que pretenden conseguir la cuota o cupo- creo que se equivocaron de carpa.
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