Según el artículo 104° de nuestra Constitución, es una potestad del Congreso de la República el conceder o denegar el pedido de delegación de facultades legislativas que solicite el Poder Ejecutivo.
Debemos ser claros que según nuestro ordenamiento constitucional, el conceder o no lo peticionado por el gobierno queda al albedrío absoluto de la representación nacional. No obstante, ello tampoco debe suponer que el Parlamento deniegue liminarmente un pedido de facultades legislativas, pues lo menos que se espera es que realicen un análisis de viabilidad de lo peticionado y, como no, uno de índole política.
Así las cosas, debemos recordar que durante los primeros meses de este gobierno se le delegaron facultades legislativas amplias y ello culminó con la promulgación de más de 100 decretos legislativos; algunos inútiles y otros que fueron corregidos o derogados vía control parlamentario, pues eran contrarios a lo que nuestra norma fundamental dispone.
Es importante destacar que más del 90% de estos decretos legislativos fueron convalidados, por lo que se entendió que con esta cantidad de reformas legales aprobadas, el gobierno tenía la plataforma para trabajar con holgura todo aquello que ofreció en campaña.
Hoy nuevamente están pidiendo facultades legislativas, quizá porque el año pasado no planificaron adecuadamente lo que querían hacer o porque se dieron cuenta que existe la necesidad de corregir aquello que aprobaron con la delegación anterior o porque necesitan destrabar aquello que por propia mano trabaron.
En este contexto, si revisamos el proyecto de ley presentado ante el Congreso de la República el 07.12.17, tenemos que aquello que solicitan tiene la misma metodología que lo peticionado el año pasado, es decir, un cúmulo de ideas bien intencionadas sin mayor orden y sin revisar lo que ya existe.
Por ejemplo, en materia anticorrupción proponen que las personas condenadas por tráfico ilícito de drogas y lavado de activos no puedan ser funcionarios públicos. Es evidente que no han revisado el literal d) del artículo 53° de la Ley SERVIR (Ley N° 30057) promulgada en el año 2013. Esta norma señala de forma clara que un requisito para ser funcionario público es no haber sido condena por delito doloso, lo que obviamente incluye los dos delitos antes mencionados. ¿Entonces, cuál es la necesidad de la delegación que se pide en este punto?
Otra observación la podemos encontrar en la parte de reformas tributarias. Aquí se pide facultades, entre otras cosas, para modificar la ley del impuesto a la renta en lo que se refiere a eliminar la obligación de presentar la declaración jurada anual ante SUNAT para aquellos contribuyentes que solo perciben renta de quinta categoría. Sobre el particular, conviene precisar que lo que ahora se pide legislar por delegación estuvo vigente hasta el 31.12.16 y justamente fue derogado por este gobierno a través del Decreto Legislativo N° 1258. Entonces ¿Se equivocaron? ¿Por qué quieren restituir aquello que derogaron? ¿Pedirán, en un futuro, facultades para volver a derogar este tema? ¿Alguien está asesorándolos técnicamente?
En diciembre de 2016 se promulgó la Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (Decreto Legislativo N° 1256) cuya finalidad fue: “la prevención o la eliminación de barreras burocráticas ilegales y/o carentes de razonabilidad que restrinjan u obstaculicen el acceso o la permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que constituyan incumplimientos de las normas y/o principios que garantizan la simplificación administrativa con el objeto de procurar una eficiente prestación de servicios al ciudadano por parte de las entidades de la administración pública”. Si analizamos el literal b) del artículo 5° del proyecto de ley que presenta el gobierno, notaremos que lo que piden es que se le deleguen facultades para dictar normas para eliminar barreras burocráticas en el sector público. ¿Lo que este gobierno aprobó con la delegación anterior no sirve? ¿Fue una norma incompleta o improvisada? ¿Con cada cambio de PCM de este gobierno se enmendará la plana a lo hecho por su antecesor?
El Congreso de la República tendrá que analizar íntegramente el proyecto de ley que se le ha presentado y decidir qué hará con este, pero resulta poco alentador ver que quienes piden que se les concedan facultades delegadas no hayan aprendido de los errores de sus antecesores.
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