Para la fiscalía de Lavado de Activos, a cargo de la fiscal Ysabel Ávila Cacho, parte del dinero que habría recibido el ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Manuel Burga Seoane, como ‘cuota’ de los sobornos girados a la Conmebol por el arreglo de contratos, habría sido destinado a algunos dirigentes de clubes peruanos o de ligas departamentales -incluyendo empresas relacionadas con Burga- algunas de las que, presumen, habrían sido utilizadas como testaferros.
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Es por ello que actualmente, el mencionado organismo fiscalizador viene investigando a 66 personas vinculadas al fútbol profesional, fútbol amateur, ligas departamentales y comisiones arbitrales del Perú que hayan tenido nexos con Burga.
Según información difundida por el diario La República, en la nómina de investigados se encuentra el actual presidente de la FPF, Edwin Oviedo; el ex presidente del club cajamarquino UTC, Joaquín Ramírez; y el actual presidente del club trujillano César Vallejo, Richard Acuña. Además de la esposa de Burga, María Elena Acha Puertas.
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El foco de la Fiscalía está puesto sobre los movimientos de dinero realizados por la FPF en los últimos años, así como a los dirigentes del Instituto Alfonso Huapaya (creado por Burga), a los que se les ha pedido justificar sus ingresos y gastos.