El miércoles 31 de agosto, el Senado de Brasil –por más de 60 votos- aprobó el proceso de empechement contra la ahora ex presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Rousseff se convierte con esta decisión en la segunda gobernante de Brasil en ser destituida por el parlamento brasilero en 24 años. Previamente el ex presidente brasileño Fernando Collor de Melo (quien venciera a Lula da Silva en las elecciones presidenciales de 1989) corrió la misma suerte en 1992. Paradójicamente, Collor de Melo es uno de los senadores que el pasado miércoles votó a favor del empechement contra Rousseff.
Cabe recordar que el proceso de empechement contra Rousseff empezó gracias a los resultados que arrojó la operación Lava Jato en la cual se investigó los supuestos vínculos de la ahora ex mandataria Rousseff –como del ex presidente Lula Da Silva- en el referido caso; el cual incluye supuestas desviaciones de recursos de la empresa estatal petrolera brasilera Petrobras y la supuesta receptación de sobornos por parte de la constructoras Odebrecht y OAS. Como nota a pie de página, las repercusiones del caso Lava Jato han llegado a nuestro país puesto que incluye (como investigados) a tres ex presidentes de la república, la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán y al actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski por el caso de la Interoceánica Sur (se evitó el proceso del SNIP[1]).
Lo sucedido el pasado miércoles podría ser interpretado por algunos como un golpe de estado pero no lo fue. Interpretarse como un golpe –quizá- porque no olvidemos la forma en cómo la Cámara de Diputados de Brasil dio luz verde al empechement contra Rousseff; con gritos, voces impostadas, discursos fuera de lugar, etc; ese circo que fue montado un domingo 17 de abril ha dado pie a los partidarios de Rousseff a decir que se estaba maquinando un golpe de estado. Pero al margen de los gritos, impostaciones, disfuerzos y demás, lo que ha sucedido en Brasil ha sido un proceso de destitución que la Constitución de ese país contempla para un presidente; inclusive le da la posibilidad de defenderse en ambas cámaras hasta el momento en que se aprueba la destitución.
Las críticas al proceso de destitución de Rousseff me traen a la memoria el proceso de destitución contra el ex presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012. En ambos casos se aplicaron los procedimientos que las constituciones de Brasil y Paraguay estipulan para destituir un presidente. En ambas situaciones -destituciones de Fernando Lugo y Dilma Rousseff- los parlamentos de ambos países procedieron conforme a lo estipulado en sus legislaciones; es decir, no hubo ningún “golpe de estado parlamentario” como se dijo en su momento en el caso de Fernando Lugo y ahora con la destitución de Dilma Rousseff.
Otra paradoja que el caso Rousseff me trae a la memoria es que quienes están condenando lo sucedido en Brasil (a pesar que se procedió conforme a la Constitución de ese país) son los mismos que en este país impulsaron en 1996 el sistema de revocación de autoridades –que luego buscaron ampliarlo al presidente, congresistas, jueces y fiscales cuando la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán postuló a la presidencia en 2006-. Son los mismos defensores peruanos de la ex presidenta Rousseff los que en 2013 despotricaron contra el proceso -legal- de revocatoria contra Susana Villarán, el cual fue concebido en base a los lineamientos para revocatoria de autoridades que ellos precisamente impulsaron en 1996. También resulta paradójico que los defensores peruanos de la señora Rousseff sean los mismos que en el interior de nuestro país auspician bloqueos de carreteras, atentados contra la propiedad pública y privada y lo que es peor, que han incentivado asesinatos. Solo dos casos. Ilave – Puno, octubre de 2003. Una turba enardecida –e instigada por políticos y prensa irresponsables- quemó vivo al alcalde de esa comunidad puneña debido a supuestos actos de corrupción del burgomaestre; posteriormente se supo que el alcalde era inocente de lo que le habían imputado. Y finalmente, el hecho que la izquierda dice que no tuvo nada que ver, pero del que sí tuvieron mucha responsabilidad, la masacre de policías y miembros de comunidades nativas en Bagua en junio de 2009. No olvidemos que los hoy defensores de la camarada Dilma, irresponsablemente azuzaron a las comunidades nativas diciéndoles que el TLC con Estados Unidos traería hambre y destruiría sus medios de vida (aprovechándose del nulo trabajo comunicacional que el MINCETUR[2] dirigido en ese entonces por la hoy segunda vicepresidente Mercedes Aráoz no hizo en la zona); esta campaña de terror generó decenas de muertos, heridos y todavía hay un policía desaparecido. En conclusión, esa es la gente que hoy defiende a la ex guerrillera brasileña –y ex presidenta- Dilma Rousseff.
El caso Rousseff ha desnudado la doble moral de la izquierda peruana (hecho evidenciado brillantemente por nuestro editor de opinión Alejandro Cavero), la cual aún no explica el “muy generoso” apoyo que recibieran del socialista Brasil en las campañas presidenciales de 2006 y 2011, las municipales de 2010 y 2014, y el proceso de revocatoria realizado en Lima en 2013. Consejo. Guarden mejor sus salivas, salivos, comunicados, comunicadas, marchas y marchos para esta explicación que aún tienen pendiente con el país.
Este caso tiene un fuerte olor a freijolada, olor que se extenderán –o ya lo hizo- a nuestro país. Camaradas y camarados de la izquierda peruana, mejor pongan en sus agendas que tienen pendiente una explicación bastante extensa de sus conexiones cariocas.
Ya con la salida de Rousseff se abre la puerta final que faltaba para acabar de una vez con el llamado “socialismo del siglo XXI”, el cual solamente le ha hecho mucho daño al desarrollo e integración de toda nuestra América.
[1] Sistema Nacional de Inversión Pública
[2] Ministerio de Comercio Exterior y Turismo