Desde hace unas semanas venimos viendo en todo el país advertencias dirigidas a los delincuentes en las cuales se les dice que si roban o cometen otro delito, serán torturados o simplemente ejecutados. Se trata de la campaña “chapa a tu choro… y déjalo paralítico”, la cual surgió en las redes sociales y llamó la atención en los medios de comunicación. Todos estos llamados a la toma de la justicia por propia mano, obligaron al nuevo Director General de la Policía, como al Ministro del Interior, a declarar que la policía es la única facultada para combatir la criminalidad y que si la gente toma la justicia por su propia mano, puede acarrear hasta ocho años de prisión.
Campañas como las antes mencionadas no deberían sorprendernos. La justicia popular en el Perú se ha venido aplicando desde siempre en algunas zonas del interior del país ante hechos como la lejanía geográfica, la falta de una autoridad permanente, entre otros factores, son consecuencias de la falta de un Estado fuerte que haga respetar la ley no es novedad. Esta sorpresa yo más bien no la calificaría así, sino más bien como una clara muestra de desconocimiento y divorcio con la realidad del país por parte de periodistas y ciudadanía en general.
Con lo mencionado en el párrafo anterior no pretendo justificar las campañas que se vienen dando en las redes sociales y que en los últimos días –hay que reconocerlo- ha tenido mucho éxito. Uno de los indicadores de este éxito, es que la opinión pública la ha recibido con buenos ojos a pesar de los llamados de las autoridades judiciales y policiales que se confíe en su trabajo, ni tampoco han tenido efecto las amenazas de carcelería efectiva a quienes tomen la justicia por su propia mano.
El gobierno a través del Ministerio de Justicia como de las autoridades policiales, pide a la ciudadanía confianza, pero la confianza toma tiempo en ganarse y muchísimo más tiempo en recuperarse (que es el caso en nuestro país). Cómo las autoridades pretenden que los ciudadanos confiemos en el sistema de justicia si vemos que una jueza liberó a una banda de delincuentes que de buena gana se metió a un domicilio en el distrito limeño de Lince con armas de fuego aduciendo falta de pruebas. O como lo sucedido en otro distrito de Lima, Chorrillos, que los vecinos atraparon a un ladrón de celulares, y que según los vecinos, pasó un patrullero en dos oportunidades por la zona de los hechos, y no hicieron nada al respecto.
El solo simple hecho que la ciudadanía siga haciendo justicia por su propia mano, debe de preocupar a las autoridades y al país en general, porque esto demuestra que al Estado peruano le falta mucho camino para consolidarse puesto que según la Constitución el Estado –por intermedio de la policía- es el único facultado para el uso legal de la fuerza.
Si lo que se quiere es desterrar la justicia popular de la sociedad como recurso de justicia, primero que nada, se debe de entender que la inseguridad ciudadana no es una percepción (tal como dijera en su momento el ex ministro del interior Wilfredo Pedraza), y que ya es una crisis nacional que debe ser combatida de forma enérgica por las autoridades.
La sociedad peruana quiere vivir en paz y con seguridad; pero si el gobierno no da serios y certeros pasos para mostrar que el combate a la delincuencia va en serio, veremos más linchamientos e inclusive asesinatos públicos de delincuentes; lo cual va a llevarnos a problemas mucho más graves que los que vivimos actualmente.