Fuerza bruta

El caso de Floyd supone un nuevo hito en una larga historia de violencia racista en Estados Unidos.

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El 25 de mayo del 2020, el ciudadano estadounidense George Floyd, un afroamericano de 46 años, fue asesinado por un policía en Minneapolis, luego de que se le interviniese por supuestamente haber utilizado un billete de US$20 falso en una tienda. El hecho fue registrado en video por múltiples transeúntes y las imágenes muestran al oficial Derek Chauvin arrodillado en el cuello de Floyd mientras este último se hallaba esposado, insistiendo en que no podía respirar.

El caso de Floyd supone un nuevo hito en una larga historia de violencia racista en Estados Unidos. Una que ha involucrado esclavitud, leyes segregacionistas, empleo brutal de la fuerza para dispersar las demostraciones pacíficas a favor de los derechos civiles y, ahora (siempre), un sesgo tácito a través del cual las autoridades, policiacas o judiciales, aplican la fuerza y las normas con desproporcionada severidad a las personas negras.

Se trata –y no hay vuelta que darle– de la expresión de un germen racista que permanece aún muy presente en el país norteamericano. Ello, combinado ahora con la presencia de un presidente como Donald Trump en la Casa Blanca, con sus constantes guiños a grupos radicales y su renuencia a aceptar los vicios que aún afectan a su país, plantean el ambiente perfecto para que la violencia de este tipo se perpetúe.

La circunstancia, además, trae a colación el papel que la policía debe cumplir en nuestra sociedad. Un marco legal en el que coser a tiros o estrangular a un ser humano le sale barato a un oficial matón está muy lejos de ser uno que pueda garantizar la correcta administración de la justicia. Las fuerzas del orden están compuestas por ciudadanos para servir ciudadanos y sus rol como funcionarios públicos no los pone por encima de las normas. Doctrinas legales como la mentada inmunidad calificada deberían ser abolidas y el castigo para los policías que traicionan sus uniformes debería ser más severo.

Todo lo anterior, empero, no alteraría el fondo del problema. En Estados Unidos y en el mundo, la lucha contra el racismo, tatuado en las entrañas de la sociedad y presente en los organismos públicos, demanda de una concienzuda batalla política. De esfuerzos democráticos por desterrar, no solo a un jefe del Estado que ha percudido la institucionalidad de su cargo, sino también a gobernadores, senadores y congresistas que no han estado a la altura de los cambios que la sociedad les exige a gritos.

En esa línea, las palabras de Terrence Floyd, hermano del hombre asesinado, llamando al desarrollo pacífico de las protestas, resuenan con especial relevancia: “hagamos esto de otra manera. Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y votemos […] porque somos muchos y lo haremos pacíficamente”.

La tolerancia, la defensa de las libertades individuales, la igualdad (sin excepciones) ante la ley, la expulsión del racismo y el castigo atinado de la fuerza bruta, es el camino. Y no solo para Estados Unidos.