Gobernanza y reforma electoral, por José Andrés Tello Alfaro

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La Gobernanza constituye el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para la toma de decisiones y responsabilidades en lo que se refiere a la aplicación de políticas públicas. Dicho concepto presenta pues a una sociedad civil que es tanto el sujeto como el objeto destinatario de la gobernación y que ese proceso de conducción social integra al gobierno como una instancia relevante pero no la única ni la dominante ni la decisiva en buena parte de los temas y circunstancias sociales. Cabe agregar, que la Gobernanza, como concepto, encontró su origen en el sector privado desde los años 80, con la expresión Corporate Gobernance; asimismo, la primera vez en que utilizó este concepto trasladado a lo público fue en el Reporte del Banco Mundial de noviembre de 1989.

Debemos aclarar, para evitar confusiones, que la Gobernanza y Gobernabilidad son conceptos muy diferentes porque la segunda a diferencia de la primera hace suya una premisa, que el agente central o único de la conducción social es el Estado y, por tanto, el centro de toda articulación social es el mismo. Considera a la sociedad como algo que por definición debe ser gobernado y administrado; por ende, dentro de esa lógica la sociedad es entendida más como un problema que como parte de una solución de los problemas que afectan al país. En ese orden de ideas, a su vez, podemos entender que la ingobernabilidad se ha concentrado directamente en el gobierno, asumiendo que este tradicionalmente aparece como la única instancia de dirección social.

En las últimas décadas se ha producido un debilitamiento de la creencia del gobierno como un actor único, central, autosuficiente y, sobretodo, planificador de la vida en sociedad; eso, por ejemplo, quedo evidenciado con la caída de regímenes como el existente en la URSS o en sus países satélites tras la Cortina de Hierro. Empero, también se ha debilitado la imagen del gobierno neoliberal ausente, que deja a la sociedad a su libre albedrio porque tampoco constituye un modelo óptimo a seguir y eso se evidenció durante la Crisis Financiera del año 2009.

A modo de premisa ni la excesiva presencia ni la ausencia del Estado en el quehacer social es buena. En consecuencia, para gobernar un país hacia el desarrollo se exigen más capacidades, responsabilidades y actores involucrados bajo una óptica de Gobernanza.

La Gobernanza en el Perú se ha manifestado con el denominado “Acuerdo Nacional”, suscrito el 22 de julio del año 2002. En dicho acuerdo se tradujo el deseo conjunto del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil para trabajar en cuatro grandes ejes temáticos, el de democracia y Estado de derecho; equidad y justicia social; competividad del país; y finalmente, Estado eficiente, transparente y descentralizado; siendo suscrito tanto por líderes y representantes del gobierno, los partidos políticos y la sociedad civil, dentro de un contexto de convulsión social generado sobretodo en el interior del país.

A lo largo del tiempo, desde su suscripción a la fecha, hemos tenido una serie de posiciones a favor y en contra de ese acuerdo, no obstante el mismo constituye el primer esfuerzo dentro de nuestra historia republicana por lograr una hoja de ruta definida en cuanto al tratamiento de temas de interés nacional bajo una óptica de Gobernanza.

En su primer eje temático sobre democracia y Estado de derecho, el Acuerdo Nacional busca que se garantice “el pleno y cabal ejercicio de los derechos constitucionales, la celebración de elecciones libres y transparentes, el pluralismo político, la alternancia en el poder y el imperio de la Constitución bajo el principio del equilibrio de poderes; promover la vigencia del sistema de partidos políticos en todo el territorio nacional, así como el pleno respeto a las minorías democráticamente elegidas; institucionalizar el diálogo y la concertación, en base a la afirmación de las coincidencias y el respeto a las diferencias, estableciendo mecanismos de concertación y control que garanticen la  participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones públicas (…).

Como podemos advertir este eje formulado bajo una óptica de Gobernanza busca una serie de mejoras en la democracia peruana, que la aproximen aún más al sentido amplio que tiene dicho concepto, es decir a su sentido vivencial y no meramente procedimental.

En conclusión, estando ad portas de un proceso de reforma electoral, el mismo debe contar con la participación tanto del gobierno como de las organizaciones políticas y la sociedad civil en su conjunto en la toma de decisiones respecto a la gestación de determinadas políticas públicas al respecto, su aplicación y consecuente responsabilidad en sus efectos. Sólo así, considero, que tendremos normas electorales actualizadas, acordes con la realidad que pretenden regular y un grado importante de legitimidad social, indispensable, si es que queremos bregar a favor de una gobernabilidad mayor y un nivel de institucionalidad aceptable con miras a nuestro bicentenario.