Gobierno promulga ley que establece que altos funcionarios deben tener experiencia mínima para ejercer cargos

Gobierno promulga ley, aprobada por el Congreso, que establece que altos funcionarios deben tener experiencia mínima para ejercer cargos, y que los servidores públicos en funcionen tienen 30 días para adecuarse a estas exigencias o deberán dejar el cargo.

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Este martes, el Gobierno publicó una ley aprobada por el Congreso, la cual establece requisitos mínimos que deben cumplir altos funcionarios, como viceministros y secretarios generales de ministerios. Asimismo, precisa que en caso de quienes actualmente ocupen esos cargos no cumplan con las exigencias, en un plazo de 30 días quedarán impedidos de ejercer sus funciones. 

La Ley 31419 busca “establecer los requisitos mínimos y los impedimentos para el acceso a los cargos de funcionarios y directivos públicos de libre designación y remoción, con el fin de garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de su función”.

El texto también menciona que los requisitos para ser viceministro son tener formación superior completa, ocho años de experiencia general y cinco de experiencia específica en puestos o cargos de directivo o de nivel jerárquico similar en el sector público o privado, pudiendo ser estos parte de los ocho años de experiencia general.

Las mismas exigencias se establecen para el puesto de secretario general de un ministerio y para los titulares, adjuntos, presidentes y miembros de los órganos colegiados de libre designación y remoción de los organismos públicos del Ejecutivo.

Asimismo, se piden condiciones similares para ser gerente general regional, gerente regional o director regional, pero con cinco años de experiencia general y tres años de experiencia específica. Lo mismo sucede para gerentes municipales de gobiernos locales provinciales y gerentes municipales de distritos de más de 250 mil habitantes, aunque con cuatro años de experiencia general y tres años de específica.

También están impedidos de acceder a los cargos mencionados quienes tengan una condena en primera instancia, así como quienes estén inhabilitados por el Congreso, por el Poder Judicial o hayan sido destituidos de la administración pública por falta muy grave.