Todo empezó en el mes de diciembre cuando el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) rechazó las solicitudes del “Todos por el Perú” de inscripción del estatuto y del tribunal para poder dar el ‘OK’ a las elecciones internas del partido. Estas elecciones internas, donde se eligió a Julio Guzmán como candidato, fueron el último 20 de diciembre, sin embargo la inscripción del estatuto se realizó el 18 de diciembre y el del tribunal fue el 21. Es decir se realizaron las elecciones con un estatuto y un tribunal no escritos correctamente. Desde diciembre la interna del partido estaba enterada de la mala inscripción, pues ante la pronunciación del ROP, decidieron apelar un fallo ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quienes ya dieron su primer fallo en contra.
El 12 de febrero el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró improcedente la lista congresal de “Todos por el Perú” de Huánuco por no realizar correctamente las elecciones internas. Y cuatro días después la misma instancia hace lo mismo con la lista congresal del partido en representación de la provincia de La Libertad por la falta de un miembro en el Tribuna Regional Electoral y porque lo dos presentados no estaban afiliados con vigencia.
El primer fallo del JNE no fue unánime. La instancia confirmó las resoluciones del ROP por 3 votos contra 2. Los magistrados Rodríguez Velez, Fernández Alarcón y Ayvar Carrasco votaron contra la agrupación de Guzmán. Los magistrados Cornejo Guerrero y Távara Córdova (titular del jurado) y votaron a favor. Esto quiere decir que no todos han estado de acuerdo con esta decisión, por eso existe una posibilidad de que el recurso extraordinario que piensa apelar Guzmán influya en la decisión del JEE e incluso en el segundo fallo del JNE. Porque no ya no solo analizarían el mismo tema de la mala inscripción sino el derecho a subsanación administrativa. Sin embargo no sería para nada raro, que el JNE reafirme su posición, hasta sonaría lo más lógico.
El JNE ha actuado al pie de la letra en este caso, cumpliendo la ley. Todos deben ser juzgados por la misma vara. Es por eso que la ONPE ha comenzado a investigar a Cesar Acuña por denuncia de entrega de dinero a electores después del comunicado que emitió el JNE. El órgano electoral señala que determinará si el candidato de Alianza para el Progreso (APP) ha vulnerado el artículo 42 de la Ley N° 30414 que modifica la Ley de Organizaciones Políticas. Según la norma cualquier entrega, ofrecimiento o promesa de dinero, directa o indirectamente por candidatos y organizaciones políticas está prohibido. Esta falta es sancionada con el retiro de la candidatura y una multa de 100 UIT impuesta en no menos de 30 días. Si todo se sigue igual y se sigue respetando la ley, la tacha de Acuña estaría más que cantada. Pues la modificación de la ley está vigente desde fines del 2015. Si las cartas están echadas ¿Los votos de ambos candidatos en la confianza de quién radicarían? Habrá que esperar. Sólo eso.