Editorial: Hablando con la boca llena

Cuando el Gobierno no ha gastado el dinero que tiene a su disposición, resulta absurdo que quiera hacerse de más.

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Difícilmente alguien podría poner en tela de juicio la gravedad de la situación que está viviendo el mundo. Sobre la tragedia sanitaria generada por la propagación del COVID-19, empiezan a notarse los estragos económicos causados por la estrategia –difícil pero necesaria– que el planeta ha desplegado para combatirla. Los largos periodos de cuarentena están poniendo en aprietos a miles de empresas y millones de trabajadores empiezan a verse perjudicados.

La circunstancia tiene sus propios matices en el Perú, un país donde la informalidad en la que se desempeña la grandísima mayoría de ciudadanos los ha dejado particularmente expuestos al temporal económico. Frente a ello, el Gobierno ha tomado medidas paliativas comprensibles y respetuosas de la disciplina macroeconómica, alejada del populismo, que nos ha caracterizado por hace más de 25 años. Hasta ayer

En su habitual presentación televisiva, el presidente Martín Vizcarra hizo una alusión a la implementación de una nueva medida tributaria dirigida a “los que más tienen”. “Es importante mostrar la solidaridad de los que más tienen con los que menos tienen”, aseguró. En esa línea, anunció que pedirán nuevamente facultades legislativas al Congreso para poder convertir esta sinuosa declaración en ley.

En un contexto de crisis económica donde la incertidumbre se hace más nociva que nunca, la declaración descuidada y poco detallada que ha hecho el presidente sobre un tópico tan sensible resulta sumamente irresponsable. Recién unas horas después, en una entrevista a un medio de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros Vicente Zeballos dio algunos detalles más, asegurando que se trataría de un impuesto a quienes reciben mayores ingresos y no al patrimonio.

Independientemente de la naturaleza del tributo que el Ejecutivo quiere establecer, es importante que se evalúe su verdadera pertinencia técnica. Su valor político, en fin, queda clarísimo, toda vez que la idea de quitarle a los ricos para darle a los pobres nunca cesa de ser popular y el jefe del Estado lo sabe. Desde la acera de la izquierda, como era previsible, se han apresurado en celebrar las palabras de Vizcarra sin saber exactamente de qué va la medida.

Pero en la práctica conviene reflexionar sobre cuán justificado estaría establecer un nuevo impuesto a quienes, por estar en el sector formal y ganar cierta suma de dinero, ya le dan buena parte de su salario al Estado. En el Perú, una persona que gana 12.000 soles ya desembolsa más en tributos que alguien que gana 6.000, y alguien que gana 24.000, más que el que tiene un salario bruto de 12.000. En consecuencia, lo que el Ejecutivo busca es cargarle más obligaciones tributarias a quienes desde un comienzo ya han aportado más. Sumándole costos a un sector formal que en el Perú ya es muy caro mantener para los pocos que lo conforman. Esto sin introducir una sola medida para paliar el preocupante nivel de informalidad que tiene nuestro país.

Pero más importante que lo anterior es la discusión sobre la verdadera necesidad de drenar más los bolsillos de los contribuyentes, especialmente cuando este Gobierno ha demostrado que no tiene la capacidad de gestión para utilizar lo que ya tiene. El año pasado por ejemplo, los ministerios solo lograron ejecutar, en promedio, 71,2% de su presupuesto, con el caso del Ministerio de Salud siendo el más pasmoso: solo utilizó el 41,2% (las carencias de ese sector hoy se hacen más notorias que nunca). En la actual crisis, el Minsa solo ha gastado 13,2% de sus recursos contra el coronavirus, como informó “Gestión”.

Con eso en mente, ¿no sería más sensato que el Ejecutivo emplee de manera sesuda los recursos que ya tiene antes de demandar más? El Gobierno habla con la boca llena para pedir más comida de la que ha demostrado puede masticar, pues cada vez queda más claro que padece de limitaciones de gestión, mas no de recursos. Esta situación denota improvisación y mella la confianza que necesitará el país si se quiere sobrevivir, no solo al coronavirus, sino también a la tempestad económica.