Hoy como ayer, el TC prefiere la sumisión al gobierno a la defensa de la Constitución; por Federico Prieto Celi

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En mi crónica política sobre el siglo XX (1939-2000) titulada Así se hizo el Perú, cuya edición ampliada hasta el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski acaba de ser editada con el sello de Penguin Random House, escribí unas palabras sobre la  grave crisis del Tribunal Constitucional (TC) que se produjo durante el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori. Según la ley de interpretación auténtica de la Constitución, aprobada por el Congreso el 23 de agosto de 1996, el primer período quinquenal reelegible de Fujimori se había iniciado en 1995 bajo la nueva Constitución, por lo que el titular, si lo deseaba, estaba facultado para un segundo período a partir del año 2000. No era el sentido correcto de la disposición debatida y aprobada en 1993.

El caso se llevó al TC, donde tres magistrados: Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo Marsano y Guillermo Rey Terry se pronunciaron, en minoría, por la inconstitucionalidad de la ley de interpretación auténtica de la Constitución. Entonces, el 29 de mayo de 1997, el Congreso destituyó a estos tres magistrados por 53 votos contra 30. Asumió ad honorem la defensa de los tres magistrados Valentín Paniagua. Al día siguiente, yo escribí en el diario El Sol una columna titulada: ‘Autogol de media cancha’, que decía: El gobierno se ha metido voluntariamente un autogol de media cancha, en estadio propio, con tribunas repletas, ante el estupor general. He aplaudido la estabilización de la moneda, la austeridad fiscal, la pacificación del país, la modernización del Estado, aciertos inequívocos del gobierno de Fujimori, pero no puedo aplaudir la destitución de los tres honorables magistrados del TC.

En enero de 2020 el TC ha caído aún más bajo. Igualmente por cuatro votos contra tres, ha tomado posición a favor de la disolución del Congreso por el presidente de la República, al considerar negada la cuestión de confianza que presentó el 30 de setiembre de 2019 el jefe del Gabinete Ministerial, Salvador del Solar, por el proceso de elección de los miembros del TC (TC). “Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la Republica. Este es un acto constitucional previsto en el artículo 134 de la Constitución”, declaró al país el presidente Vizcarra el mismo 30 de setiembre de 2919.

Quienes han cometido la barbaridad constitucional y jurídica de declarar que la disolución del Congreso, dispuesta por el presidente Martín Vizcarra el 30 de setiembre de 2019, es legal son Carlos Ramos, ponente del caso, Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Marianella Ledesma, presidenta del TC, y Eloy Espinosa-Saldaña, declarando en consecuencia que es infundada la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, titular de la Comisión Permanente del Congreso, contra dicha medida.

En cambio, los magistrados José Luis Sardón, Augusto Ferrero Costa y Ernesto Blume, se declararon favorables a conocer la demanda competencial interpuesta por Pedro Olaechea, contra la disolución del Parlamento. Quien fuera presidente del Congreso disuelto, dijo que cumplió con su deber “al no dejar indefensa la institucionalidad del Congreso de la República”, con el recurso presentado ante el TC.  “Luché para que prevalecieran la Constitución y la separación de poderes frente a meras voluntades políticas”.

El Congreso que se instalará de acuerdo a los resultados de la votación del 26 de enero, tendrá la obligación de conocer este segundo caso. Podrá seguir el mal ejemplo del parlamento que depuso de sus puestos a Manuel Aguirre Roca, Delia Revoredo Marsano y Guillermo Rey Terry, para oprobio del estado de derecho; o, al contrario, condenará la torpe decisión de legitimar lo ilegitimable, nombrando a nuevos magistrados. Tanto más cuanto de los siete miembros del TC, solo uno no ha superado el plazo para el que fue nombrado.

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