¿Ideas o intereses?, por Raúl Bravo Sender

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Uno de los temas más controvertidos en torno a los comicios es el del financiamiento de las campañas electorales de los partidos políticos. En los últimos años hemos visto cómo es que ciertas empresas privadas –del sector construcción, principalmente-, asumieron dichos financiamientos con fuertes sumas de dinero, sin importar el color político –o ideológico- de los candidatos.

¿Cuál es el interés en financiar campañas electorales? ¿Realmente qué es lo que debe estar en juego en los procesos electorales? ¿Las ideas o los intereses? ¿Hay un interés en financiarlas para que prevalezcan ciertas ideas o ciertos intereses? En base a estas interrogantes creo que podremos aclarar el panorama de la actual crisis política que lo más seguro es que se agudice.

Si el interés en financiar a candidatos consiste en obtener de ellos –luego que estén en el poder- privilegios, prebendas y concesiones, entonces debemos cuestionarnos sobre la razón de ser del Estado. Éste no es un instrumento para favorecer a unos y perseguir a otros. Su función se reduce a garantizar un orden en el que las personas puedan ejercer plenamente sus libertades.

Es éste el meollo del asunto. Es cierto que existen muy variadas ideas sobre lo que debe y no debe hacer el Estado. Sin embargo, se financian las campañas porque aceptamos sin cuestionamientos el hecho de que es su función financiar la construcción de carreteras, colegios o postas médicas, convocando mediante un concurso a los interesados en ejecutar las obras.

Por el contrario, las campañas electorales debieran constituir un espacio de reflexión ciudadana sobre las diversas ideas en torno a las tareas del Estado y sus límites. Sin embargo, no existe mucho interés en esto, prevaleciendo los intereses de quienes prefieren que se mantengan las cosas, así como están, pues se han acostumbrado a vivir del presupuesto público.

Si el Estado no tuviera entre sus funciones las de proveer “gratuitamente” ciertos servicios, entonces los tributos –su principal fuente de financiamiento- serían eliminados. Y al reducirse el presupuesto estatal, entonces el interés por financiar campañas decrecería significativamente. Así, el interés en acumular riqueza se desplazaría de las arcas nacionales hacia el mercado.

Y el mercado es el mecanismo más justo por el que las personas pueden obtener riqueza legítimamente. Se trata de un escenario en el que los agentes económicos, por ganar clientes y usuarios, mejoran la calidad de sus bienes y servicios reduciendo sus costos. Aquí se premia a quien obra de buena fe. Y quien hace lo contrario, simple y sencillamente es dejado de lado.

La actual crisis política generada por financiamientos poco transparentes –que han colindado hasta con el lavado de activos- y de dudosa procedencia –inclusive ilegal- a los partidos políticos, es reflejo del Estado mercantilista que hemos edificado. Todos a diario contribuimos en alimentarlo, cuando esperamos algo a cambio del gobernante al que ayudamos en campaña.

A menudo hemos escuchado que quien gasta fuertes sumas de dinero en las campañas es porque luego recuperará dicha inversión con el manejo de los pliegos presupuestarios. Para revertir esa realidad, es necesario generar corriente de opinión a favor de que el Estado se limite a ciertas funciones, alejándolo de la posibilidad de crecer. Así, ya no habría botín que repartirse.

La actual coyuntura es idónea para ello. Las verdaderas reformas políticas atraviesan por establecer un marco de responsabilidad con los recursos fiscales. Es moralmente inaceptable que la burocracia estatal crezca a costa del esfuerzo de miles y millones de contribuyentes, quienes tienen que soportar la inoperancia e ineficacia gubernamentales.

En lugar de perder el tiempo con temas como el de cuotas de género en candidatos o el del adelanto de elecciones, debemos enfocarnos en lo que sí nos afecta a todos los ciudadanos: el incremento del presupuesto público. Entendamos de una vez por todas que la riqueza no la crea el Estado, el cual más bien la malgasta, sino los agentes económicos del mercado en libertad.

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