Impunidad parlamentaria, por Edward Díaz

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Uno de los temas que se ha puesto de moda en esta breve campaña congresal es el de la inmunidad parlamentaria. Propuestas hay varias: algunos candidatos proponen eliminarla, otros recortarla o reglamentarla y no faltan quienes no tienen ni idea de qué se trata. Lo cierto es que en el Perú la inmunidad parlamentaria se encuentra establecida en el artículo 93 de nuestra Constitución, donde además de regularse la no sujeción a mandato imperativo para los congresistas, se señala que la inmunidad tiene dos aplicaciones concretas:

  1. Los congresistas no son responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten ejerciendo sus funciones.
  2. Los congresistas no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones.

La inmunidad parlamentaria es una figura importada del constitucionalismo europeo. Más que un privilegio, constituye una prerrogativa individual que aplica a todos los congresistas por igual, pero que se ejerce en conjunto, dentro del seno del Parlamento. Nació como una garantía para que los congresistas ejerzan su función fiscalizadora con mayor libertad, sin estar expuestos a posibles represalias por parte del gobierno.

Gozar de inmunidad no significa cometer delitos sin ser juzgado. Su existencia implica solamente una barrera procesal, que detiene la acción de la justicia y requiere que el Pleno del Congreso de la República apruebe levantarla, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la acusación, para que el congresista infractor sea procesado y, de corresponder, apresado.

La legislación peruana ha conferido a la inmunidad parlamentaria un campo muy amplio. No solo se aplica para la comisión de delitos de función, sino a cualquier tipo de delitos y rige hasta en los casos de flagrancia. Esto, en la práctica, ha devenido en impunidad, pues en varias ocasiones el Congreso de la República ha protegido a sus miembros de actos de corrupción que no deberían quedar impunes, pues esa no fue la finalidad de consignar la inmunidad en la Constitución. Lo curioso es que incluso en el caso de delitos flagrantes (ejm: que un congresista asesine a otro en medio de una sesión) la Constitución ha dispuesto que el Congreso de la República deba levantar la inmunidad del parlamentario para que este sea sometido al fuero común.

La inmunidad parlamentaria como figura procesal no es negativa. Lo negativo es la forma como ha venido siendo utilizada para alcanzar impunidad. Por ello, más que eliminarla, pues no sabemos si en el futuro algún parlamentario la necesite para enfrentarse a algún gobierno autoritario, proponemos recortar sus alcances. Así, la inmunidad debe estar restringida solamente a delitos de función y siempre que no exista flagrancia. Los delitos flagrantes donde no exista duda acerca de su comisión y aquellos que no guarden relación con la función congresal, deben ser juzgados sin inmunidad y en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano.

Si bien la inmunidad fue establecida para reforzar la labor de fiscalización del congresista, tengamos en cuenta que hoy en día, en una sociedad de la información, la fiscalización no solamente la realizan los congresistas, sino también los medios de comunicación, los colegios profesionales y hasta la ciudadanía organizada en colectivos o actuando a través de las redes sociales. Esta realidad nos lleva a reflexionar acerca del futuro de esta institución jurídica tan controvertida.