Inclusión laboral en Perú: ¿un fracaso?, por Hugo Olivero

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Un amigo con un cargo de alta responsabilidad en una empresa me contaba que hace poco se había presentado una persona sorda para un puesto de trabajo. Sin embargo, el abogado de dicha empresa recomendó que no se le contratara porque «nos traería problemas» por «la nueva ley laboral» y que nunca podrían despedirlo si hacía mal su trabajo. Un temor absurdo e injustificado como tantos otros que hay en torno a las personas con discapacidad y que se alimentan de la ignorancia y la falta de visión de jefes, gerentes y reclutadores.
La Ley Nº 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, fue reglamentada en 2014 y su fin es, entre otros, promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Esta ley obliga a los empleadores del sector privado que cuenten con más de 50 trabajadores a contratar personal con discapacidad en un porcentaje de 3% del total de sus empleados. Para el sector público, la cifra es de un 5%. Sin embargo, aunque esta ley es valiosa y necesaria, resulta un anacronismo con la realidad del país.
Una gran falencia en la implementación del reglamento de la Ley 29973 es que se debió emprender una fuerte campaña de información y concientización en las empresas y entidades estatales -hubo una de información, pero de corto alcance- para atacar el principal problema que impide la plena inclusión laboral: los prejuicios. Tenemos demasiados empresarios hábiles, emprendedores, con innumerables diplomas y maestrías pero con una mentalidad que recuerda mucho a la de los viejos hacendados del Perú.
Cuando uno consulta la bolsa laboral del Ministerio de trabajo dirigida a las personas con discapacidad, se puede observar que se trata en su mayoría de ocupaciones como reponedor, limpiador, despachador, peón, operario, etc. Escasean las oportunidades para profesionales como abogados o comunicadores. Ello es un reflejo del temor de las empresas para delegar labores de alta responsabilidad a quienes creen que no van a poder cumplirlas a cabalidad. Resulta lamentable, pues el mensaje que se envía es que un discapacitado no debería ser profesional. La manera en que se maneja la inclusión actual puede funcionar muy bien para quienes tienen solo estudios básicos y poca o ninguna experiencia, pero es un agujero para los profesionales, a quienes prácticamente deja a su suerte.
Las empresas se valen además de subterfugios para aparentar que cumplen la ley y librarse de las multas. Solo necesitan, por ejemplo, demostrar que han ofertado vacantes en la Bolsa de Trabajo  para discapacitados y que nadie las ha cubierto. ¿Y por qué nadie las ha cubierto? Puede ser porque deciden no entrevistar a ningún candidato a pesar de haber publicado su aviso o modificar sus procesos de selección de modo tal que les permita aseverar que el interesado no cumplió con los requisitos al presentarse. Esto, sin duda, está sucediendo, pero no sale a flote porque nadie denuncia -¿con qué pruebas?- y no existe tampoco una buena fiscalización.
En las entidades estatales es aun peor. Las últimas semanas han salido a la luz informaciones de cuestionables procesos CAS que tenían todos los visos de haber sido arreglados. Estas convocatorias funcionan por etapas: por lo general, la primera es la evaluación curricular y la segunda es la entrevista personal. A una persona con discapacidad que pasa la evaluación curricular, la ley obliga a bonificarla con el 15% del puntaje final obtenido. Ello puede ser un problema si en principio no se desea contratarla o si la convocatoria ya está amañada, pues le da una ventaja, por eso se le descarta injustificadamente en la etapa curricular a pesar de cumplir con todos los requisitos.
Hay grandes excepciones, claro, como la Municipalidad de Miraflores, que posee una impecable trayectoria de inclusión laboral y de promoción de políticas a favor de las personas con discapacidad. Contamos también con empresas ejemplares en este tema como Repsol, Makro, Metro, Tottus, Renzo Costa y otras que por falta de espacio no incluyo y que brindan oportunidades de trabajo, demostrando su compromiso con acciones concretas y no con frases gastadas y dudosas buenas intenciones.
Tenemos que liberarnos de los prejuicios que impiden nuestro desarrollo como país y este debe ser uno de los primeros. Si queremos estar seguros si caminamos al progreso o retrocedemos, debemos mirar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad: ellas son el mejor indicador. Los empresarios y gerentes que aun se resisten a incluir profesionales con discapacidad en sus negocios tendrán que adaptarse o sufrir las consecuencias, tarde o temprano. Llegará el día en que negarse a contratar a una persona con discapacidad sin motivo significará el repudio enérgico de la sociedad y hasta el boicot de los públicos o consumidores. El tema aun tiene que recorrer por un gran sendero de concientización, pero estoy seguro que lo lograremos.