En las últimas semanas el ritmo y movimiento político se ha visto alterado en el Congreso. Cuando el Poder Ejecutivo anunció que solicitaría facultades para legislar, se desataron todo tipo de especulaciones, se volvió a hablar del cierre del congreso, de querer adoptar más poder, de la pareja presidencial, de Cateriano, etc.
Pero lo cierto aquí es que el pedido es completamente legal y constitucional; sin embargo, algunos analistas opinan que es una estrategia del gobierno donde se busca agilizar diversos proyectos para los cuales, el Ejecutivo, se ha quedado sin tiempo.
¿QUE SON FACULTADES LEGISLATIVAS?
Vamos por lo básico. El Poder Ejecutivo no genera leyes, de eso se encarga el Congreso; a la facultad de poder generar leyes lo llamamos legislar.
En los últimos 25 años el Perú ha tenido una tasa de inversión público – privada que pasó del 15% al 26% del PBI. Esto significa que la inversión, empresas, trabajo y la economía en general han ido creciendo durante los últimos años. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, así como el gobierno, han previsto una desaceleración en la economía de la región, producto de la caída de las materias primas (de las cuales somos exportadores) y un aumento en los costos de financiación.
Por otro lado, en lo que respecta a seguridad ciudadana, basta con prender el televisor, sintonizar el noticiero y ganarte con un asesinato, secuestro, extorción, balacera y demás. En un país donde surgen personajes como Gerald Oropeza, donde carros de lujo son acribillados a plena luz del día y en donde un empresario tiene que pagar “cupos” para no ser víctima de la violencia; creo que queda bastante claro que se necesita un cambio y a gritos.
Por todo lo anterior es que el Poder Ejecutivo presentó al Congreso mediante el Articulo 104 de la Constitución, un pedido explícito de facultades legislativas. El artículo es claro y estipula que el Congreso puede delegar este tipo de funciones siempre y cuando sea en temas específicos (en este caso, en materia económica y de seguridad ciudadana) y durante un periodo de tiempo pactado.
Así fue como, en medio de falta de quorum, del caso del congresista Yovera y demás particularidades propias de nuestro Congreso, se aprobó que el Ejecutivo emita leyes mediante decretos legislativos y por 90 días en materia económica y de seguridad ciudadana.
Sin embargo, de todos los puntos presentados para aprobarse, el Congreso optó por dejar pasar algunos y ponerle el freno a otros.
EN MATERIA ECONÓMICA:
En lo que respecta a la economía, el Congreso aprobó los puntos A,B,G,H,I. Esto significa que dentro del plazo que tiene el Ejecutivo, este podrá ejecutar las siguientes medidas:
- Crear más inversión pública y privada, hacer el proceso más rápido (agrupando en un solo cuerpo normativo las normas de promoción de la inversión) y generar incentivos, así como usar los recursos de manera más eficiente.
- Garantizar la seguridad del comercio internacional, eliminar regulaciones excesivas.
- Implementar servicios de transporte acuático regular de pasajeros en la Amazonia.
- Perfeccionar las regulaciones de actividades de generación y distribución eléctrica y electrificación rural. Dictar el marco para la interconexión eléctrica internacional.
- Promover la acuicultura (desarrollo y crianza de especies acuáticas) para su inversión, producción y consumo humano directo.
- Establecer parques industriales y agilizar los procesos para su funcionamiento.
- Crear medios para fomentar el acceso y formalización de la vivienda y la propiedad.
- Garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico (agua) y la reserva de fuentes de agua para los sectores de la población que aún carecen del mismo.
- Fomentar el mercado de adquisición de créditos por ventas de inmuebles (Factoring).
EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA:
Para afrontar principalmente el sicariato, el narcotráfico, extorción, tala ilegal de madera y la delincuencia el Congreso ha aprobado algunas de las siguientes medidas:
- Apagón Telefónico: Se ejecutará el corte de la línea a celulares que no sean identificados por sus dueños en un periodo de tiempo. Esta medida busca reducir el número de líneas activas que sirven para la extorción. Las operadoras otorgarán los datos a OSIPTEL y OSIPTEL en coordinación con la RENIEC emitirá una lista de números que son usados para extorción, los cuales deberán ser reconocidos por sus dueños, de lo contrario, luego de un periodo de tiempo, se les cortará la línea.
- Sicariato: Se le otorgará una denominación propia dentro del Código Penal, la cual tendrá una sanción de cadena perpetua tanto para el sicario mayor de edad como para aquella persona que contrata a un menor de edad para que cometa un homicidio.
- Geolocalización: Se emitirá una norma y todo un marco legal permitiendo que los operadores de líneas telefónicas otorguen a la Policía la ubicación exacta de ciertos números telefónicos, a fin de poder localizar extorsionadores en el acto y capturarlos.
- Aumento en las penas: Para delitos como sicariato, extorción, homicidio de alguna autoridad (policías) e usurpadores de terrenos se aumentarán las penas, se reducirán las visitas, los reos tendrán los primeros 5 años de prisión en un régimen A, es decir, de máxima rigurosidad.
- Existirán recompensas para los ciudadanos que otorguen información vital sobre alguna organización delictiva.
- Se creará un reglamento que estandarizará el uso de cámaras de seguridad.
- Aumentará la seguridad en puertos y aeropuertos
Esperemos sinceramente que todas estas medidas se den en buena coordinación, que no se pierda de vista el objetivo principal y ojala que por pormenores o particularidades de nuestro eterno y burocrático sistema no se juegue en contra del beneficio nacional.
