[INFORME] Octógonos nutricionales: legales por insistencia, por Asociación de Contribuyentes del Perú

"En junio pasado, el Partido Morado presentó el Proyecto de Ley N° 7883/2020-CR (...) para regular los aspectos publicitarios y el contenido de las advertencias publicitarias, conocidas también como los octógonos nutricionales, a pesar de que el INDECOPI ya hubiera advertido su falta de facultades".

515

En junio pasado, el Partido Morado presentó el Proyecto de Ley N° 7883/2020-CR, el cual propone modificar la Ley N° 30021, Ley de promoción de alimentación saludable para niños, niñas y adolescentes, a fin de habilitar al Ministerio de Salud (MINSA) para regular los aspectos publicitarios y el contenido de las advertencias publicitarias, conocidas también como los octógonos nutricionales, a pesar de que el INDECOPI ya hubiera advertido su falta de facultades.

¿Qué pasó antes?

En 2018, el Ministerio de Salud aprobó, mediante el Decreto Supremo N° 012-2018-SA, el Manual de Advertencias Publicitarias, derivado del Reglamento de la Ley de Promoción de Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, aprobado por el Decreto Supremo N° 017-2017-SA. En este Manual, el MINSA se otorgó una facultad que, hasta el día de hoy, no posee. Así, comenzó a regular las advertencias publicitarias en los productos alimenticios.

Sin embargo, esto no pasó desapercibido por los empresarios y las organizaciones de la sociedad civil. Así, en 2019, la Asociación de Eliminación de Barreras Burocráticas (ADEB) -hoy “Perú sin Barreras”-, presentó una denuncia en contra del MINSA y la Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA por la imposición de barreras burocráticas ilegales e irracionales. El fundamento en aquel entonces fue el mismo que hoy: el MINSA no puede regular advertencias publicitarias porque no le compete.

Meses después, en 2020, la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas resolvió y declaró que estas eran barreras burocráticas ilegales. La Resolución N° 072-2020-CEB/INDECOPI, del 25 de febrero de 2020, fue objeto de amplia crítica y controversia, ameritando no solo el reproche de parlamentarios como Alberto De Belaunde, del Partido Morado, sino también del propio Martín Vizcarra, otrora Presidente de la República.

Desafortunadamente, dada la dependencia del INDECOPI a la PCM y que el denunciante no pudo continuar con el procedimiento, este concluyó y la barrera no pudo ser inaplicada para todos los agentes en el mercado obligados a acatarla, por ilegal que fuera2.

¿Qué pasa ahora?

Poco más de un año después de concluido el caso, el Partido Morado busca “subsanar” este vacío de legalidad -o ilegalidad- que, en su momento, algunos de sus parlamentarios o el propio Presidente justificaron. Según estos, el INDECOPI debería estar a favor de darle más información a los consumidores, independientemente de si ello era o no legal.

Así, otorgándole esta facultad al MINSA, se eliminarían las posibilidades de cuestionar legalmente la regulación de los octógonos. Sin embargo, una habilitación legal de este tipo va más allá del papel, pues traería una serie de contingencias para todos los involucrados con la medida.

¿Qué efectos tendría?

En este caso, sin embargo, el procedimiento concluyó antes de que lo anterior pudiese concretarse.

Si bien por el lado de los consumidores no habría mayores cambios, pues aunque declarada ilegal, la regulación continúa, las empresas privadas del rubro alimentario sí tendrían un grave perjuicio. No solo deberían continuar obedeciendo una regulación ilegal, sino que, de aprobarse el proyecto, perderían la posibilidad de cuestionar estas exigencias ante el INDECOPI, mediante una denuncia por la imposición de barreras burocráticas ilegales o irracionales, o ante el Poder Judicial, vía Acción Popular. Ello, aún cuando existe ya un precedente que los respalda.

Por otro lado, INDECOPI y el MINSA se beneficiarían con la aprobación del proyecto. Por una parte, se liberarían del costo que supone atender las denuncias que se presenten al respecto, sino que además generarían la percepción de buscar el cuidado y salud de la población (del lado del MINSA), neutralizando potenciales cuestionamientos a la medida bajo un velo de legalidad. Naturalmente, este beneficio se trasladaría también a los políticos que aprueben la norma, sembrando una imagen de cuidado y preocupación por la salud pública; ello, aunque la efectividad de los octógonos, desacreditada sucesivamente, no se haya probado.

1             Véase             el             Proyecto             de             Ley             en             el             siguiente               link: https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0 7883-20210614.pdf

2 Según el Decreto Legislativo N° 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas, la declaración de una barrera burocrática como ilegal implica su inaplicación, en primera instancia, al denunciante. De quedar consentida la Resolución o ser confirmada por la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas, publicándose posteriormente en el Diario Oficial El Peruano, la inaplicación se dará con efectos generales en favor de todos los agentes económicos y/o ciudadanos afectados por las medidas declaradas ilegales.