[OPINIÓN] Inseguridad: a las cosas su debido peso

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No es un secreto para nadie los altos niveles de criminalidad que acechan a nuestro país. A toda hora. En todo lugar. No importa si eres hombre, mujer, homosexual, transgénero. No importa el colegio donde estuviste o la universidad de la que egresaste, o cuántas maestrías y doctorados tengas. Ni el barrio en el que vivas. No importa si eres niño, adolescente, joven o anciano. La inseguridad ciudadana se ha convertido, desgraciadamente, en parte de nuestra vida cotidiana.

Basta con prender el televisor, la radio o visitar un portal como Lucidez, para darnos de contra suelazo con esta realidad. Ya es tan parte de nuestro día a día, que cuando vemos, escuchamos o leemos noticias referidas a inseguridad ciudadana ya ni nos extraña, ni nos sorprende.

Los niveles de violencia han llegado a tal punto que el alcalde del distrito limeño de San Juan de Miraflores, Javier Altamirano, ha pedido recientemente la intervención del ejército en su distrito debido a una serie de asesinatos–dos en un solo día–que ocurrieron en su comuna. El comprensible pedido del burgomaestre es un clamor que ha venido calando en varios sectores del país ante una policía que se ve atada de manos para controlar los crecientes índices de violencia a nivel nacional.

Aquí un detalle que el alcalde Altamirano ha olvidado, presa de su impotencia ante la situación en que se encuentra su distrito, y como el suyo, muchos en el país. La participación de las Fuerzas Armadas está claramente estipulada en el Artículo 165 de la Constitución Política del Perú, que a la letra dice: “Finalidad de las Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas están constituidas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea. Tienen como finalidad primordial garantizar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la República. Asumen el control del orden interno de conformidad con el artículo 137º de la Constitución”.

Si el Ejecutivo nacional, en un caso hipotético, diera trámite al pedido de Altamirano (que también es una propuesta del congresista Renzo Reggiardo), la participación de las Fuerzas Armadas sería limitada y por un tiempo muy breve en línea con lo que se conoce como estado de excepción, estado de emergencia o estado de sitio.

Como podemos ver, por más que se quiera una intervención de las Fuerzas Armadas, esta sería inútil y breve. Recordemos que las leyes en nuestro país son laxas e inclusive llegan a ser cómplices del delincuente. Testimonio de ello puede dar la Policía, ya que los jueces y fiscales sueltan a los delincuentes a las pocas horas de ser capturados. Esta puerta giratoria, por la que el delincuente es apresado pero ráppidamente sale libre, es una de las fuentes de nuestra inseguridad.

La ley actualmente le da ventajas al delincuente. Si el malhechor está con un cuchillo, y el policía usa su arma de reglamento, el delincuente puede alegar ley de la ventaja; muchos criminales ya lo han hecho, y es la defensa que más le “gusta” a los jueces. Y ni hablemos si el delincuente es menor de edad.

Entonces, y con esto no busco menospreciar al alcalde de San Juan de Miraflores, si en una provincia asolada por la delincuencia como Trujillo, que es una de las más importante del país en términos económicos, el Ejecutivo no ha declarado el estado de emergencia, ¿por qué lo haría en un distrito?

Lo que falta es que la policía tenga–y sienta–mayor respaldo jurídico e institucional en sus acciones. Y no vengan con la excusa de que la Policía es corrupta e ineficiente. Ello no debe ser una excusa para atar de manos a la sociedad, y a los elementos que utiliza en su protección, de cara al combate contra la delincuencia.