Jaque a los peajes, por Edwar Díaz*

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La actual gestión del alcalde Jorge Muñoz ha heredado dos contratos de concesión asociados a dos proyectos de infraestructura de transporte:

1) Línea Amarilla: mantenimiento de 16km de vías existentes más 9km de vías nuevas, con contrato suscrito en 2009, durante la gestión de Luis Castañeda, con una inversión de 480 millones de dólares y un plazo de 30 años, prorrogados luego en la gestión de Villarán a 40 años; y

2) Vías Nuevas de Lima: 31.5km de vías en la Panamericana Norte, 54.1km en el Sur y 19km en Ramiro Prialé, con contrato suscrito en enero de 2013, en pleno proceso de revocatoria de la ex alcaldesa Susana Villarán, con una inversión de 498 millones de dólares y un plazo de 30 años.

Posteriormente, se han suscrito tres adendas en el caso del proyecto de Línea Amarilla y una en Vías Nuevas de Lima, así como una serie de Actas de Acuerdo, mecanismo de modificación contractual no previsto en los contratos, que han reconocido mayores costos a los inversionistas, así como permitido el cobro de peaje en Puente Piedra antes de haberse realizado obras y el incremento del peaje en un sol en la Vía Evitamiento.

En la búsqueda de soluciones ante el descontento social por contratos considerados lesivos a la ciudad, la MML ha evaluado las alternativas que, dentro del marco legal, son posibles de llevar a cabo: la nulidad, la caducidad y la evaluación conjunta.

La nulidad se aplica cuando en el momento del nacimiento del contrato se produjo un vicio en la voluntad de las partes. Esto vicio puede darse, por ejemplo, si se comprueba que la MML adjudicó los proyectos tras haber recibido sobornos. Sin embargo, a la fecha, ninguno de los ex alcaldes tiene, a la fecha, sentencia condenatoria firme. Además, debe tenerse en cuenta que ninguno de los contratos tiene cláusula anticorrupción.

La caducidad tiene los mismos efectos que la resolución contractual unilateral y debe fundarse en razones de interés público. Este tipo de terminación contractual implica que la MML comunique su decisión al concesionario, con anticipación de un año para Línea Amarilla y medio año para Vías Nuevas de Lima. Asimismo, la MML debe asumir las deudas de los concesionarios e indemnizarlos con montos que ascienden a US$ 871 000 000 en el caso del primero y US$ 4 190 000 000 en el caso del segundo.

Finalmente, la MML ha optado por el proceso de evaluación conjunta. Este es un mecanismo de revisión contractual que permitirá a la municipalidad conformar una comisión con el MEF y la Contraloría General de la República para revisar con los concesionarios el restablecimiento del equilibrio contractual que, a todas luces, no existe en la actualidad.

Partiendo del supuesto de que los contratos son favorables para los concesionarios, la MML tiene la oportunidad para reducir las tarifas de peajes y promover la construcción de infraestructura de transporte. Del mismo modo, se puede acordar la construcción de vías alternas a las concesionadas, lo que es reclamado por los vecinos. Asimismo, esta comisión podrá establecer la solución para problemas puntuales, como ocurre en Lurín, donde los vecinos deben pagar peajes varias veces en el día para ir y volver a sus domicilios.

Esperemos buenos resultados de la Comisión de Evaluación Conjunta, pero no descuidemos los arbitrajes internacionales en curso, donde la MML también ha pedido la nulidad de diversas actas de trato directo.

*Regidor y Presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Municipalidad de Lima.

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