JNE pide al Congreso debatir proyecto de sistema biométrico para inscripción de partidos

Similar comunicación fue cursada al Ejecutivo para que tome en cuenta esta iniciativa en el paquete de leyes de reforma política

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El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó hoy al Congreso de la República debatir de manera prioritaria el proyecto de ley que este organismo presentó para implantar el sistema biométrico en el proceso de inscripción de las organizaciones políticas.

La exhortación fue formulada mediante un oficio remitido al Legislativo, en razón de que dicha iniciativa, presentada el 5 de octubre de 2018, aún no cuenta con el dictamen por parte de la Comisión de Constitución y Reglamento.

Asimismo, el JNE cursó un oficio a la Presidencia del Consejo de Ministros solicitándole que tome en cuenta esta propuesta en el paquete de leyes de reforma política que presentará al Congreso, dado que guarda relación con los planteamientos efectuados por la comisión de alto nivel que trabajó este asunto.

La iniciativa, aprobada por el colegiado electoral luego de coordinaciones con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), busca que la verificación de la identidad de los adherentes para la inscripción de organizaciones políticas se realice con la mayor celeridad, confiabilidad y legitimidad a partir de la toma de la huella digital en un sistema informático de última generación.

El sistema biométrico que propone el JNE permitirá una efectiva identificación y autenticación de la identidad de las personas. De esa manera, se simplificará el procedimiento de verificación y se eliminará cualquier cuestionamiento sobre el proceso de recolección de firmas.

Cabe precisar que el análisis de los planillones de adherentes presentados en los últimos años para la inscripción de partidos y movimientos, ha permitido detectar  altos porcentajes de firmas no hábiles y falsas.

De esta manera, el Pleno del JNE, que preside Víctor Ticona Postigo, busca la aplicación de tecnología de última generación para optimizar los procedimientos electorales en beneficio de los actores políticos y la ciudadanía.