El colectivo ciudadano «Mesa por la Libertad y Diversidad» (MLD), se reunió con uno de los principales rostros de Fuerza Popular, Úrsula Letona, para alcanzarle algunas luces sobre el decreto legislativo n° 1323, el cual algunos miembros de su bancada buscan derogar. De igual forma, se reunió con Alberto de Belaunde, de Peruanos por el Kambio.
La MLD, conformada por un grupo de organizaciones civiles, académicos, activistas y jóvenes liberales, se reunió y expuso por separado a los congresistas Letona y De Belaunde, que el mencionado decreto protege a las personas LGBTIQ+ frente a agresiones que en algunos casos derivan en asesinatos.
Aura Arbulú, de Ciudadanía Joven y miembro de la MLD, precisó que actualmente no existe ningún instrumento con rango legal que trate el tema en cuestión. «La situación de las personas LGBTI+ queda invisibilizada en la cuestión pública, lo que genera que las constantes violaciones a los derechos de esta población vulnerable sean inexistentes para el Estado», agregó.
De acuerdo con comunicado de prensa del colectivo, la fujimorista acogió las ideas que expusieron sus representantes y luego expresó estar abierta al diálogo. Por su parte, el de PPK dijo saludar la iniciativa de MLD en buscar diálog con diversas bancadas.
Yesenia Alvarez, del Instituto Político para la Libertad y miembro de la MLD, hizo hincapié en que no se debe confundir a la ciudadanía declarando que el decreto tiene relación con el debate sobre la mal llamada «ideología de género». Subrayó que cualquiera que defienda la vida y la integridad de las personas estará de acuerdo con el decreto ya que lo que busca proteger es la vida y la integridad de personas que son agredidas o asesinadas por su identidad de género u orientación sexual.
El experto en Derecho Internacional e integrante de la MDL, Alonso Gurmendi, argumentó, ante los congresistas, que el delito de discriminación ya existía, lo único que se agregó fue categorías como orientación sexual o identidad de género, y se ha definido el tipo penal de discriminación, de acuerdo a estándares internacionales.
El colectivo defiende el decreto porque consideran que está dentro de las facultades delegadas para la seguridad ciudadana y está amparado por la Constitución. Ellos esperan que un avance tan importante en materia de derechos humanos sea aceptado y comprendido tanto por la sociedad civil como por el Poder Legislativo.