Juramento por la democracia: ¿lo cumplirá realmente el próximo presidente?, por Fernando Valverde

"La ciudadanía debe estar alerta y velar por su cumplimiento. Todos debemos ejercer una vigilancia cívica frente a quien será el próximo gobernante del país".

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El 6 de junio del 2021 el pueblo se volcará nuevamente a las urnas para elegir en segunda votación al próximo presidente de la República, quien deberá conducir los destinos del país durante los próximos cinco años. Son dos candidatos en disputa: Keiko Fujimori por el partido Fuerza Popular y Pedro Castillo del partido Perú-Libre. Ambos representan dos modelos económicos, políticos, sociales, ambientales, derechos humanos y de desarrollo contrapuestos desde lo ideológico y lo programático. Los dos candidatos acaban de suscribir el documento denominado la “Proclama Ciudadana: Juramento por la Democracia”, redactada por la Conferencia Episcopal Peruana, la Asociación Civil Transparencia, entre otras organizaciones como parte de una iniciativa ciudadanía y de la sociedad civil convocada. Bajo juramento se han comprometido a cumplir con 12 puntos que se resume: en poner los máximos esfuerzos del Estado para erradicar la pandemia, y llevar a cabo la aplicación de la vacunación universal para toda la población, defender el derecho a la vida y garantizar los derechos humanos de todos, no intentar reelegirse en el cargo, respetar los mecanismos constitucionales que deberá seguirse frente a cualquier cambio o reforma de la Constitución y respetando el Estado de Derecho, garantizar la independencia de los poderes del estado y de los organismos constitucionales autónomos, respetar la libertad de expresión y de prensa, respetar los tratados internacionales e instrumentos jurídicos que el Perú ha suscrito, además de respetar las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, entre otros.

Lo cierto es que más allá de los documentos que suscriban los dos candidatos a la presidencia la población va enterándose por las intervenciones públicas cómo gobernarán el país y qué cambios realizarán desde el poder. Por un lado, la izquierda que representa el proyecto marxista leninista-chavista de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón, izando las banderas del comunismo extremista y por el otro lado, la candidata Keiko Fujimori quien postula por tercera vez y que levanta las banderas de la defensa del sistema Republicano, la continuidad de las libertades individuales y las libertades económicas, así como impulsar la inversión sostenible y socialmente responsable, promoviendo empleo y  bienestar para todos dentro del marco de  una economía social de mercado.

Entre los puntos a resalta del documentos suscrito, llama la atención en el punto (2)  referido a la defensa del derecho a la vida y a garantizar los derechos humanos.  En el ideario programa de Perú Libre, se refleja un obstáculo para esta ideología a quien defienda los derechos humanos, por cuanto ésta se basa en la defensa de las libertades individuales el cual es incompatible bajo un régimen comunista. Es así como se viene señalando por el candidato Castillo que debe garantizarse más derechos los cuales deberán incluirse en una nueva constitución, tales como el derecho a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros, cuando realmente estos derechos ya están en la Constitución. De ahí que exigir bajo la apariencia de que no están dista mucho de la verdad, el problema no es su existencia constitucional sino de su cumplimiento y esto ya responde a su implementación y/o fortalecimiento mediante los servicios públicos de calidad que deberán impulsarse a través de las políticas públicas desde el Estado. Así mismo Perú Libre han declarado en su ideario estar en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por lo que no se extrañaría que pudiera plantearse el retiro del SIDH, lo que afectaría en la defensa de los derechos y las libertades fundamentales ante los organismos internacionales.

Otro punto suscrito por el Candidato Castillo en la proclama (4) está referido en torno a la viabilidad total del cambio o reforma de la Constitución. En principio habría una paradoja frente a un eventual triunfo de Castillo quien al asumir la Presidencia de la República tendría que juramentar con la Constitución vigente de 1993, eso implica respetar la Carta Magna en su contenido y espíritu de lo que en ella se proclama y pretender dejarlo sin efecto una vez tomado las riendas del poder es desconocerla e incumplir con el juramento público suscrito. Todo cambio o reforma que se impulse debe darse dentro del marco constitucional establecido (artículo 206). Salirse de ella es desconocerla o incurrir en actos inconstitucionales y subsecuentemente salirse del Estado Constitucional de Derecho.

En el punto (5) se señala: respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado, así como de los organismos constitucionales autónomos. Esperemos que así sea ya que el candidato Castillo señaló en un inicio el propósito de desactivar la Defensoría del Pueblo y del Tribunal Constitucional.  Sin embargo, se retractó luego y con esto dejó la duda de lo que se hará realmente con ambos organismos.  Estas instituciones autónomas tienen un rol central en la defensa de los derechos humanos y del control de la constitucionalidad. El hecho de eliminarlas constituirá un duro golpe para la institucionalidad democrática. Esperemos que no ocurra.

Ahora debe quedar claro que hay muchas cosas que mejorar en el país, la crisis de la pandemia ha revelado nuestras falencias en los servicios públicos y por, sobre todo, el manejo deficiente de la gestión pública y de la corrupción. En ambos candidatos también hay sombras de antecedentes de corrupción uno por condena de delitos de corrupción, como es el caso del ex gobernador de la Región Junín, Vladimir Cerrón (actual secretario general de Perú Libre) y de Keiko Fujimori, acusada por delitos de lavados de activos y organización criminal, aún sin sentencia. Y aunado a esto hay hechos de corrupción denunciadas de los gobiernos anteriores.

Finalmente queda una agenda pendiente por realizar para el futuro gobernante poniendo énfasis en resolver los problemas más álgidos no sólo en lo económico sino con énfasis de los más excluidos socialmente y quien llegue al poder debe tener las cosas bien claras al momento de gobernar ejecutándola de inmediato y no improvisando o querer aplicar modelos trasnochados de ideologías que han generado en otras latitudes mayor pobreza, retroceso de calidad de vida, de inversión, de desarrollo y de mejora hacia el bienestar de la población. A estas alturas con todo lo que ha pasado por los efectos de la pandemia y de la recesión económica, no estamos para experimentos, retrocesos ni sobresaltos sino para seguir creciendo con mayor igualdad de oportunidades para todos, con más inversión, respetar el derecho a la propiedad y las libertades económicas, mejorar los servicios públicos, fomentar un mejor bienestar para todos los niveles, pensando por sobre todo en dejar un país más desarrollado para nuestros hijos de cara al futuro.

Todo cambio o mejora debe estar enfocado de manera transversal respetando los derechos humanos, respetando la institucionalidad democrática y la plena vigencia del Estado Constitucional de Derecho.

La ciudadanía debe estar alerta y velar por su cumplimiento. Todos debemos ejercer una vigilancia cívica frente a quien será el próximo gobernante del país.

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