Los recientes destapes de audios que comprometen a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, así como a magistrados del Poder Judicial, lo único que hacen es mostrarnos la realidad de un frágil y precario sistema de administración de justicia, que baila al compás de la política mercantilista y populista.
Se supone que el Poder Judicial y las demás instituciones que coadyuvan en solucionar controversias y sancionar criminales (Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Policía Nacional), son los llamados a poner orden y garantizar el estado de derecho y la seguridad jurídica, en medio de la turbulencia propia de los arranques y caprichos de políticos y empresarios cortesanos.
Pero ello no es así. Desafortunadamente los peruanos ya no tenemos a donde recurrir en búsqueda de tutela por la vulneración de nuestros derechos, pues la justicia ha caído en manos de mafias que ven a las instituciones públicas como sus feudos, festinándose en el lodo del tráfico de influencias y el cobro de peajes.
Seamos honestos, pues quienes se dedican a la defensa y el patrocinio ante los tribunales de justicia saben con quién, cómo, cuándo, dónde, y en qué condiciones se pueden acordar los términos de fallos obtenidos a la medida. No nos hagamos los desentendidos ante una realidad de la cual somos testigos.
Todo esto sólo es la punta del iceberg de una red tejida para usufructuar del enorme poder discrecional que ostentan los jueces –y fiscales- en nuestro sistema judicial. Así es, la peruviana justicia también está supeditada a los cambios temperamentales de los magistrados.
Nuestro sistema jurídico es el romano – germánico, el cual hemos heredado del jus romano. En él, la principal fuente del derecho es la ley. Y en países como el Perú, ser legislador es una tarea que no demanda mayor esfuerzo ni preparación, pues basta con extraer de los textos de juristas el contenido a las que posteriormente se convertirán en normas jurídicas.
Es así como nuestro derecho nacional es diseñado por unos cuantos sabios juristas y justos legisladores. No es el resultado de un proceso democrático y espontáneo sustentado en la interacción de las personas, quienes siguiendo sus particulares fines van labrando –sin proponérselo- un orden jurídico de usos reiterativos y uniformes que dan lugar a la costumbre y, a la postre, al derecho.
El derecho, que en realidad debiera ser el freno o límite del poder, por estos predios termina siendo la expresión de quienes lo detentan. Toda la política criminal está diseñada para ser un instrumento de persecución. El fundamento de ello es el monopolio estatal del derecho a castigar. Los penalistas se la pasan inventando delitos, no para restituirle a la víctima el bien lesionado, sino para desagraviar a la sociedad.
Y en materia civil, los sabios juristas –los más peligrosos de todos por el verborrágico lenguaje que emplean para que no cuestionen la infalibilidad de sus teorías- acaban vendiendo sus ciencias a los mejores postores, en subastas de códigos y estatutos redactados para todos los gustos y preferencias, pues los hay para escoger.
Frente a ese escenario adverso, los ciudadanos de a pié optan por lo informal para regular sus relaciones, sin saber que con ello terminan cayendo en la red de trampas legales, estratégicamente colocadas para hacer de los incautos informales, las principales víctimas de la estructura judicial, así como de políticos populistas y empresarios mercantilistas.
Es sobre estas bases que se administra justicia en el Perú. El sistema está diseñado para que unos cuantos pocos saquen provecho a costa de la red de favores y prebendas que corren por los pasillos judiciales –o, confiadamente, a través de la red móvil-.
La solución a todo ello: empoderar a las personas con derechos de propiedad, pues desde la época de los tiranos, son los propietarios los enemigos número uno de los sistemas rentistas y cortesanos.
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