La caída de Pedro Castillo: de la incapacidad y el desgobierno a la Diroes, por Piero Gayozzo

«De ser un profesor rural al que le fue entregado sorpresivamente la banda presidencial, terminó enmarrocado como un remedo de dictador, corrupto y ladrón.»

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Una vez conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, el nombre del hasta entonces desconocido candidato, Pedro Castillo, ocupó los titulares de los medios de prensa de mayor impacto del país. En el proceso por conocer quién era el postulante que tuvo la mayor cantidad de votos, se popularizó la entrevista que le hizo el periodista Diego Acuña y en la que quedó en evidencia la escasa formación intelectual y capacidad comunicativa del postulante. Desde entonces, cualquiera que la hubiera visto podía saber quién era Pedro Castillo y qué esperar de un eventual gobierno suyo.

A pesar de la evidente incapacidad del postulante y a pesar del ideario marxista del partido que representaba -Perú Libre-, la población votó por él. Así inició una etapa de desgobierno en Perú. Castillo no logró reunir actores especializados para ocupar los principales puestos del Ejecutivo, por el contrario, se rodeó de arribistas, anti-sistema, personajes vinculados a organizaciones radicales de izquierda e improvisados. Los tres primeros gabinetes ministeriales, los de Bellido, Vásquez y Valer, parecieron acciones para provocar y desestabilizar el país antes que intentos por gobernar. A ellos, les siguió el premierato del confrontativo y leal castillista, Aníbal Torres, quien únicamente aportó un rostro pseudointelectual a la decadencia que abundaba en Palacio a cambio de millonarios contratos para sus familiares. De improvisados y radicales, Castillo pasó a rodearse de mercenarios.

La incompetencia no bastó. No tardó mucho en que los escándalos de corrupción se hicieran públicos. Lo primero fueron los 20 mil dólares hallados en el baño del despacho del exasesor presidencial, Bruno Pacheco, quien ahora es un colaborador eficaz y que junto a Karelim López han denunciado la existencia de pagos de favores y mafias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dirigidos por Pedro Castillo. De pronto, la corrupción salpicó a la familia presidencial. Los sobrinos de Castillo se dieron a la fuga luego de que se conozca su irregular participación en procesos de licitación. A Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, se le impuso prisión preventiva por el presunto delito de organización criminal. Testaferros, reuniones clandestinas, arreglos por debajo de la mesa en la casa de Serratea, posibles pagos de cupos y sueldos a empresarios y a Vladimir Cerrón, sumados a la incapacidad del Ejecutivo, se volvieron la huella distintiva del gobierno del maestro rural. Si a ello le agregamos la acusación de plagio y posible falsedad en el desarrollo de la tesis del presidente, es posible decir que no solo las investigaciones abundan, sino también los escándalos.

 

Karelim López y Bruno Pacheco. Testigos clave de la corrupción de Pedro Castillo. Imagen: Correo

Como forma de desviar la atención, el Ejecutivo emprendió una campaña de fortalecimiento de sus bases en el interior del país. Para ello se llevaron a cabo los Consejos de Ministros Descentralizados, reuniones oficiales del Ejecutivo en regiones de la sierra y selva peruana con presencia de las comunidades y autoridades locales. Esta estrategia pronto fue criticada por la gran cantidad de dinero que cada sesión le costó al Estado peruano. Por otra parte, para el desfavor de Castillo, algunas de las autoridades que debieron mostrarse como sus aliados naturales, aprovecharon los consejos para desafiar abiertamente al gobierno.

Tras el fracaso de aquel plan, y como respuesta a los intentos de vacancia, las marchas ciudadanas y el reclamo popular porque se convoquen nuevas elecciones presidenciales, el gobierno perulibrista apuntó a lanzar una ofensiva contra Lima y advertir que se aferraría como sea al poder. De esta manera, Pedro Castillo montó dos lamentables shows. Primero reunió en palacio de gobierno a los reservistas y licenciados de las Fuerzas Armadas como una muestra de que posee respaldo paramilitar, una amenaza que coincidía con la liberación de Antauro Humala y sus deseos de cerrar el congreso. Luego, convocó la fallida “Toma de Lima”, una supuesta marcha masiva que reuniría a los sectores que lo apoyan para evidenciar que tiene respaldo popular. Ambos intentos fracasaron estrepitosamente.

Viéndose criticado por su falta de acción en el manejo de los problemas sociales internos y el impacto de las crisis internacionales en Perú, a la vez que cercado por las investigaciones fiscales y periodísticas, Castillo adoptó una nueva estrategia. De pronto su gobierno optó por volver a la victimización, pero esta vez institucionalizada. Ya no era Castillo intentando justificar su incapacidad en función del supuesto racismo y discriminación de la prensa y oposición limeña, sino que presentó a su gobierno como la víctima ante los ojos del mundo.

En una misiva enviada a la OEA, Castillo solicitó que se activen los artículos de la Carta Democrática Interamericana relacionados a actuar frente a la interrupción del proceso político democrático de los países firmantes. Al hacerlo, el Ejecutivo se presentó como el objetivo de una campaña de desestabilización democrática iniciada por otras instituciones estatales y actores ciudadanos, intentando salvar así los escándalos de corrupción y las investigaciones fiscales en los que está envuelto. Para el pesar de los peruanos, el 20 de octubre la OEA aceptó respaldar la petición de Castillo y esta semana la Comisión de Alto Nivel de la OEA se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente para dialogar sobre la crisis política del país.

Pedro Castillo junto a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Todo esto ocurrió en casi un año y medio de desgobierno perulibrista. Cada decisión que tomó al mando del Ejecutivo no solo lo mostró como incapaz, sino como mezquino. Las decisiones previas a los fatídicos sucesos del pasado 7 de diciembre mostraron que el entorno de Castillo había evolucionado y, con él, sus estrategias de acción. De la improvisación de los primeros gabinetes, los temerosos mensajes a la Nación y las vacilantes decisiones políticas, el Ejecutivo intentó mantenerse firme con Aníbal Torres y Alejandro Salazar como sus paladines y una serie de acciones que apuntaban a pensar que la improvisación había virado peligrosamente a la conformación de un grupo algo más sólido con intereses comunes. La posibilidad de que existiera una maquinaria que hiciera lo posible por seguir gozando de los privilegios del poder y evitar una caída que, desde meses atrás se pronosticaba estrepitosa, iba en aumento. Ya para aquel momento podíamos preguntarnos si el cierre del Congreso iba a ser su próximo movimiento.

A pesar de lo anterior, y para sorpresa de muchos, Aníbal Torres renunció el 24 de noviembre a la presidencia del Consejo de Ministros, dejando un vacío en el entorno próximo a Castillo. Su reemplazo inmediato fue Betssy Chávez, la conocida crítica de la prensa opositora. Días después, el ministro de Defensa, Daniel Barragán, renunció a su cargo alegando motivos personales. Cambios importantes se realizaban en el seno de la cúpula castillista a solo algunos días de la votación de la tercera moción de vacancia que el Congreso de la República interponía contra Castillo.

En los días siguientes más voces se sumaron a denunciar la corrupción del Ejecutivo. La empresaria Sara Goray confesó ser cómplice de corrupción al haber pagado cerca de 4 millones de soles a Pedro Castillo y Geiner Alvarado a través de Salatiel Marrufo a cambio de que financie proyectos de vivienda social. Salatiel Marrufo, exjefe de asesores del Ministerio de Vivienda también confirmó dicha información ante el Ministerio Público.

Por su parte, Beder Camacho, el exsubsecretario general del Despacho Presidencial afirmó que el sobrino de Castillo, Rubdel Oblitas, también estaba involucrado en los envíos y solicitudes de dinero a pedido de su tío y que aquellos montos recaudados eran usados para favorecer a su gobierno. Dicha información fue ratificada por el Exjefe de la DINI, José Fernández Latorre, quien denunció a Oblitas de solicitarle 100 mil soles como pago para evitar que Latina Televisión emitiera un reportaje. Según Marrufo, la compra de voluntades periodísticas habría sido una práctica constante, pues aseguró que Nicolás Lúcar y Lalo Capuñay, dueño de Exitosa, habrían recibido pagos para no criticar la gestión perulibrista. Otro nombre involucrado fue el de Mauricio Fernandini, periodista de RPP, que habría sido un vaso comunicante en la entrega del dinero a Marrufo por encargo de Sada Goray.

El 7 de diciembre, día en que el pleno del Congreso votaría la vacancia, y en horas de la mañana, Salatiel Marrufo declaró ante la Comisión de Fiscalización tener pruebas de cada una de las acusaciones de corrupción contra el gobierno de Castillo y la entrega de dinero a la familia del entonces presidente. Pago a congresistas a cambio de votos favorables al Ejecutivo, cargos en instituciones públicas a dedo, 100 mil soles entregados directamente al presidente y licitaciones irregulares fueron algunas de los delitos confesados por Marrufo. Debe recordarse que la Fiscal de la Nación ya había revelado a la comisión de la OEA que existían 51 carpetas fiscales contra Castillo. Ante las acusaciones, las evidencias y los escándalos que se acumulaban, Castillo se vio acorralado y horas antes de que se reuniera el pleno, emitió un mensaje a la nación que cambió por completo la suerte, ya echada, de su gobierno. En su último mensaje, Pedro Castillo denunció que el Congreso de la República, motivado por el racismo, minó el orden democrático y acosó a su gobierno con el propósito de hacerse con el poder al punto de hacer inviable la convivencia democrática y afectar la voluntad popular, por ello, daba a conocer la decisión de disolver el Congreso, convocar a nuevas elecciones congresales con facultades constituyentes e instaurar un gobierno de emergencia. Antes del mediodía, Pedro Castillo había anunciado un golpe de Estado.

Lo que le siguió fue crucial para impedir la consolidación de las pretensiones autoritarias de Pedro. Sus más cercanos, Alejandro Salas y Félix Chero, abandonaron el barco al renunciar a sus cargos minutos después del mensaje a la nación. Kurt Burneo, César Landa, Betssy Chávez, todo el gabinete lo dejó solo. Instantes después, la Fiscal de la Nación y la Defensoría del Pueblo rechazaron el golpe de Estado a través de sus redes sociales. A las 13:00 horas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú se declaraban respetuosas de la Constitución y desestimaba la decisión de Castillo. Una hora después, a las 14:00, finalmente, el Congreso de la República, tras el respectivo conteo de votos, compartió la resolución en la que declaraba la incapacidad moral de Pedro Castillo y su inmediata vacancia. Mismo efecto dominó, todos los actores políticos y sociales rechazaron la decisión de Castillo y anunciaron el fin de su gobierno.

Fiscal de la Nación tomando la declaración de Pedro Castillo. Imagen: Caretas.

Con 101 votos a favor de la vacancia, el abandono de su gabinete ministerial, las declaraciones de plena autonomía y rechazo a la decisión del Ejecutivo de las diversas instituciones públicas y el silencio de las Fuerzas Armadas, el golpe de Estado de Castillo se frustró. La única alternativa que le quedó fue escapar e intentar refugiarse en la Embajada de México, pero ni para eso fue capaz. Pedro Castillo fue detenido por agentes de la policía y llevado a la fiscalía a unos minutos de salir de Palacio de Gobierno. De ser un profesor rural al que le fue entregado sorpresivamente la banda presidencial, terminó enmarrocado como un remedo de dictador, corrupto y ladrón en la Fiscalía de turno y luego trasladado a la DIROES. De esta manera el desgobierno castillista llegó a su fin. Un triste desenlace para un triste personaje.

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