No hay duda de que no es muy educado pegar el oído a la pared para enterarse de lo que ocurre en la casa de al lado, peor aún pretender asumir un rol activo en las discusiones que ahí se puedan desarrollar. Sin embargo, cuando los asuntos del vecino trascienden las fronteras de su propiedad por sí solos, ya sea porque la remodelación que se está llevando acabo resulta llamativa o porque los líos de casa comienzan a hacer que los platos vuelen, lo menos que se puede hacer es comentar. Al menos eso es lo que pasaría en un barrio de Lima, ciudad de la comidilla.
Hace poco más de una semana que la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, estampó su firma en el proyecto de ley que propone la “despenalización de la interrupción del embarazo en tres causales”, o despenalización del aborto para tres motivos. A pesar de que se trata claramente de una cuestión de derechos humanos, también es cierto que la política chilena es de los ciudadanos chilenos y que le corresponde a ellos, y no a un universitario peruano ni a una ONG extranjera, participar de la discusión que Bachelet les ha puesto en la mesa. Lo que podemos hacer desde este lado de la frontera es preguntarnos por el tempo al que se bailará esta cueca.
BBC News elaboró hace unos días un artículo titulado “Cinco reformas que sacuden el pasado conservador de Chile”, en el cual se hace un recuento de las reformas impulsadas por la gestión de la señora Bachelet, como la ya mencionada iniciativa para despenalizar el aborto. Ahora, lo relevante para el futuro político del gobierno chileno no es tanto si sacude o no el pasado, sino si sacude o no a sus ciudadanos, y es que no resulta muy claro que el programa de la Nueva Mayoría sea impulsado por una mayoría.
Si bien Bachelet ganó la segunda vuelta del año 2013 con una amplia ventaja sobre su competidora, Evelyn Matthei, lo cierto es que ese 62,17% de votos válidos correspondía solo al 25,56% de habitantes inscritos. Según Felipe Heusser, Presidente Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente, el ausentismo que fue predominante en la primera elección presidencial con voto voluntario en Chile, se puede explicar por varias razones, tanto prácticas (transporte), como políticas. Estas últimas incluirían la creciente priorización de los derechos e intereses propios sobre la idea del “deber ciudadano”, una cultura de individualidad que habría generado cierto grado de indiferencia respecto al proceso electoral. Otro factor político que habría influido es la falta de una oferta política que genere confianza y movilice a los ciudadanos para que acudan a las urnas masivamente, con voluntad y convicción.
Tal como argumentó Carlos Meléndez en su columna “Bachelet II”, publicada por El Comercio, la victoria de la presidenta de Chile en aquella elección se sostuvo sobre el aplomo de su liderazgo personalista. De hecho, Meléndez cita que más de la mitad de quienes votaron por ella señaló haberlo hecho por confianza personal y solo 26% por su programa.
Con su propuesta para despenalizar el aborto, Michelle Bachelet podría, parafraseando el artículo de la BBC, sacudir a esa ciudadanía mayoritariamente indiferente a la elección del 2013, más allá de si despierta para apoyar la iniciativa o para oponerse. Podría incluso sacudir a quienes votaron por ella y no por su programa o su coalición (fenómeno que nos recuerda al electorado peruano). A pesar de que las encuestas muestran que, a través de los años, Chile ha experimentado un incremento en el apoyo a la idea de despenalizar el aborto en algunas circunstancias, menos de 10% apoya la idea del aborto libre. La mayoría no lo concibe como un derecho de la mujer que pueda anteponerse al derecho a la vida del Concebido, según señala el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica de Chile en su “Aporte de la UC al debate nacional sobre despenalización del aborto”.
Son varios los centros médicos chilenos que han hecho de conocimiento público que no están dispuestos a que se practiquen abortos en sus instalaciones y también hay quien ha dicho que “si hay que expropiar la Universidad Católica (una de las instituciones en cuestión) por razones de interés superior, habrá que hacerlo”. Es el caso del diputado socialista Marcelo Schilling.
Un tema tan sensible, como es la vida de un ser humano y la actitud que un Estado debe tomar ante ella, ya comenzó a mover pasiones y razones en la casa de al lado. El resultado dependerá de los recursos políticos de la presidenta Bachelet y de la capacidad de quienes se oponen a organizarse y movilizar ciudadanos. Desde el Perú, solo queda mirar cómo se mueven las fichas en el sur, mientras esperamos a que el Congreso retome sus funciones y se reinicie el debate en nuestra propia casa.
