La comisión y el sinsentido , por Pablo Ferreyros

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¿Para qué sirven las comisiones investigadoras? ¿Cuándo tienen sentido? La comisión formada por el congreso para el caso Odebrecht ha hecho noticia estos últimos días. Ni sus ataques al fiscal Castro ni su afán de protagonismo han pasado desapercibidos. En este contexto, vale la pena preguntarnos si está haciendo lo que le corresponde.

Las comisiones investigadoras, de origen norteamericano, fueron incorporadas por nuestra Constitución de 1920 para servir como mecanismo de control político. Se sumaron, así, a otras herramientas como las rondas de preguntas o la interpelación, también usadas por el congreso para fiscalizar al Poder Ejecutivo ante hechos por los que pueda tener responsabilidad política.

¿Es esto lo que está haciendo la comisión presidida por Victor Albrecht? Es claro que no. El actual Ejecutivo, al menos hasta donde se sabe, no está involucrado en los sobornos de Odebrecht ni es objeto de investigación. Asimismo, la responsabilidad buscada es eminentemente jurídica. No solo por la clara referencia a delitos de función, sino porque ninguno de los investigados ocupa actualmente un cargo público.

A la primera función de sancionar políticamente al ejecutivo por malos desempeños, no obstante, se puede sumar la de ayudar a posibilitar investigaciones judiciales. Esta es posible -jalando un poco las cosas- cuando, como ahora, la responsabilidad es no solo política, sino jurídica. Sin embargo, solo tiene sentido cuando se quiere investigar por delitos de función a quienes ocupan altas posiciones dentro del Estado o las ocuparon hace menos de 5 años. Los sujetos que cumplen estas condiciones gozan de inmunidad y, para que el Poder Judicial los pueda investigar, es necesario que el congreso les retire tal prerrogativa.

El procedimiento para remover la inmunidad es el antejuicio. En él, basta la mayoría absoluta para permitir que el afectado sea investigado judicialmente.  Las comisiones investigadoras, si bien no son necesarias ni sirven específicamente para ello, pueden ayudar en algo aportando a los congresistas información. Sin embargo, tampoco este parece ser el fin perseguido por la comisión congresal que inspira este artículo.

Salvo uno ellos, ninguno de los investigados o potenciales investigados goza de inmunidad. La excepción es Ollanta Humala. Sin embargo, la información que se viene usando para iniciar investigaciones judiciales ha sido, en su virtual totalidad, obtenida de colaboraciones eficaces ante fiscalías extranjeras. Nada hace pensar que nuestros parlamentarios darían de pronto con algo nuevo. La posibilidad de un antejuicio al respecto, además, ni siquiera se ha planteado.

Como vemos, no se trata ni de fiscalizar políticamente ni de facilitar el trabajo de la fiscalía (con sus exigencias y quejas, la comisión parece decidida más bien a entorpecerlo). No es un caso único. A su lado está la vana propuesta de crear una comisión para los abusos del Sodalicio, tema que ni siquiera tiene relación con la función pública. Y lo preceden, desde luego, tantos otros ejemplos que, aun cuando fueron legalmente correctos, no ofrecieron mayores resultados; como las dos “megacomisiones” que investigarían a Alan García o la comisión Pari.

¿Qué se busca entonces con la actual comisión? Lo más probable es que atención y aplausos. El objetivo de los congresistas, en general, suele ser incrementar su popularidad, obtener rentas políticas. ¿Qué mejor oportunidad para ello que presentarse como adalides de la lucha contra los corruptos? Ser comisionados, además, les permite usar el caso para atacar a sus adversarios o políticos. Y, eventualmente, cubrir a sus aliados.