La Constitución Económica peruana: ¿un paradigma de justicia?, por José Melgarejo

“Referirse al régimen económico de un país no es solamente enfrascarse en un debate material, en tanto manejo de la economía por el derecho, sino también en uno con trasfondo ideológico, lo que vuelve comprensible la disconformidad de diferentes sectores con la propuesta de un régimen en particular”.

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¿Cuál es el propósito de establecer normas? La pregunta, que puede resultar ser bastante obvia, presta su interrogante para reparar en diferentes cuestiones (dependientes claro de la óptica moral que se tenga), pero en esta oportunidad opto por una sola: fundar un sistema social justo. Considero que, sea el punto de vista que se posea, se trata de atribuir a las normas ciertas valoraciones, entre las principales, el valor justicia.

Al referirnos, concretamente, a una sociedad justa se debe prever un ámbito de actuación en el cual los individuos logren sus proyectos, “proporcionando un marco de derechos y oportunidades, así como los medios de satisfacción dentro de los cuales estos fines pueden ser perseguidos equitativamente” (Rawls, 1995, p. 42). Asimismo, “la justicia, en cuanto virtud, se encuentra por así decirlo en el plano de la intersección de la vida personal y la vida social” (Legaz y Lacambra, 1979, p. 356).

En ese sentido, el derecho permite fijar que comportamientos son permitidos dentro de la sociedad y, puesto que aquella se desarrolla en distintos ámbitos, se comprende su conexión con el orden económico. La Constitución al ser “la máxima expresión normativa de un Estado determinado” en la cual “se establecen los derechos de las personas y las facultades y límites del poder público” (Chanamé, 2019, p. 98) tiene entre sus funciones delimitar el régimen económico. Aquello se debe porque “la evolución de la sociedad ha ido exigiendo que las principales conquistas de los pueblos se inscriban jurídicamente al mas alto nivel de la estructura del orden jurídico” (Rubio, 2009, p. 122).

 

Dicho lo anterior, ¿cuál sería un régimen económico justo? Esta duda lleva provocando dolores de cabeza en el mundo occidental los dos últimos siglos. “Y es que el capitalismo como el socialismo no solo ha sido una discusión de derechos civiles sino también de confrontación de modelos económicos que invaden todos los ámbitos del Estado y su relación con la comunidad” (Gutiérrez, 2021, p. 349). Comprender cómo funciona la economía y como se desarrolla el mecanismo del mercado se ha vuelto relevante, puesto que este “se convierte en un espacio social y cultural, al interior del cual la dignidad humana no es solamente postulada sino también practicada” (Haberle, 1997, p. 26).

Frente a dichas cuestiones, la Constitución de 1993 inserta, nuevamente, el concepto de economía social de mercado retomando la fórmula de la Constitución de 1979. Pero ¿qué se entiende por este nuevo modelo económico? El TC ilustra, dentro de su jurisprudencia, lo siguiente:

La economía social de mercado es un tertium genus frente a los modelos económicos del mero imperio del mercado o del puro direccionismo estatal, y pone el acento en el estímulo de la iniciativa privada y en el libre; desenvolvimiento de los agentes económicos, con el objeto de producir riqueza y lograr el desarrollo del país, accionar que se complementa con los objetivos sociales de promoción de bienestar general y de igualación material de las condiciones de vida (STC. N.º 0228-2009-AA, fundamento 28).

En base a ello, la “Constitución Económica” (del art. 58 al art. 65) fija las directrices para la acción de los particulares dentro del mercado, es decir, impulsa el desarrollo individual: la iniciativa privada libre (art. 58), la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria (art. 59), el pluralismo económico y diversas formas de propiedad y empresa (art. 60), la vigilancia de la libre competencia (art. 61), la libertad de contratar y los contratos-ley (art. 62), la producción de bienes, servicios y comercios exterior libres (art. 63) y la libre tenencia de monedas extranjeras (art. 64).

Sin embargo, debido al marco social que encarna la actual Constitución, posee una contraparte que garantiza el bienestar general, es decir, fines colectivos: actuando en la promoción del empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura (art. 58), brindando oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad y promoviendo las pequeñas empresas (art. 59), estableciendo el Estado subsidiario (art. 60), combatiendo el abuso de las posiciones dominantes o monopólicas (art. 61) y defendiendo el interés de los consumidores y usuarios (art. 65).

Finalmente, referirse al régimen económico de un país no es solamente enfrascarse en un debate material, en tanto manejo de la economía por el derecho, sino también en uno con trasfondo ideológico, lo que vuelve comprensible la disconformidad de diferentes sectores con la propuesta de un régimen en particular. Por ello, es preciso abordar las criticas que puedan suscitarse contra el actual modelo, a partir de su dimensión total, es decir, señalando sus fallas, pero también sus aciertos.

La justicia como valor absoluto es un estadio imposible de alcanzar, aunque cabe reconocer que la configuración de nuestra Constitución intenta un mayor acercamiento a ese ideal.

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Bibliografía

Chaname, R. (2019). Tratado de Derecho Constitucional. Instituto Pacífico.

Gutiérrez, G. (2021). Comentarios a la Constitución Política del Perú. Tomo 1. Grijley.

Haberle, P. (1997). Perspectiva de una doctrina constitucional del mercado; siete tesis de trabajo, en Revista Pensamiento Constitucional. Año IV. N. º4. Fondo Editorial PUCP.

Legaz y Lacambra, L. (1979). Filosofía del Derecho. Editorial Bosch.

Rawls, J. (1995). Teoría de la justicia. Fondo de Cultura Económica.

Rubio, M. (2009). El sistema jurídico. Introducción al Derecho. Fondo Editorial PUCP.