La elección del Defensor del Pueblo, por Jose Andrés Tello

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Se dice que la Defensoría del Pueblo no sirve para nada porque sus informes no son vinculantes ni tampoco tienen una consecuencia punitiva que pretenda enmendar una situación irregular; sin embargo, nadie niega que cuando un oficio de este organismo constitucionalmente autónomo llega a una entidad pública, no se puede pasar el hecho por agua tibia y desestimar los efectos que su intervención produce ante una aparente situación de afectación de un derecho ciudadano ocasionada por un accionar u omisión contraria a los deberes funcionales que condicionan el desempeño de cualquier servidor estatal.

La Defensoría del Pueblo demuestra empíricamente, que para tener legitimidad social una entidad pública no necesariamente debe ampararse en el poder de coerción estatal. Muchas veces con tan sólo crearse una atmosfera de confianza, credibilidad e independencia ante la sociedad basta y sobra para lograr dicho objetivo sin necesidad de coerción alguna.

En nuestro país, la figura del ombudsman, representante, comisionado o defensor del pueblo como figura jurídica de origen escandinavo fue importada al Perú con la Constitución Política de 1993 y a la fecha ha calado con éxito en nuestro ordenamiento. La función del defensor como en cualquier lugar del mundo donde ha sido replicada es simplemente salvaguardar el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana sea de manera individual o colectiva; supervisando así el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

El actual Congreso de la República, que ya está de salida, buscará reivindicarse con el país; por ende, luego de más de cinco años de una prolongada encargatura en manos del abogado Eduardo Vega, elegirá el miércoles 18 de mayo próximo, al nuevo Defensor de Pueblo entre dos candidatos, el ya mencionado y el abogado Gastón Soto Vallenas.

Cabe mencionar, que si bien pudieron escoger hasta cinco candidatos, este Parlamento sólo optó por dos, es decir, por el mínimo que manda la Ley. En ese sentido, tenemos el continuismo representado por Vega y una opción de cambio representada por default por Soto Vallenas.

Para mí, quien resulte electo debe salir al campo y ser protagonista directo de la solución de esos conflictos sociales que tanto afectan a nuestro país. En ese sentido, debe actuar como un intermediador natural y un garante estatal frente a cualquier solución que se plantee.

En ese orden de ideas, a favor de Soto Vallenas se puede afirmar que estuvo presente como intermediador durante el terrible conflicto social acecido en la localidad puneña de Ilave en el año 2004, el cual termino con la vida del alcalde de esta localidad, me parece una buena opción dentro de la dupla seleccionada preliminarmente por el Parlamento. Cabe agregar, que Soto Vallenas tiene además experiencia como titular de pliego al haber sido Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, que también es un organismo constitucionalmente autónomo. Sin perjuicio de lo antes señalado, reitero, hay un sentido de default en esta elección realizada entre tan sólo dos candidatos.

No quiero dejar de decir, que me fascinaría tener como Defensora del Pueblo a la actual Parlamentaria Marisol Pérez Tello, una técnica, aguerrida y operativa defensora de los derechos humanos a todo terreno; sin embargo, legalmente, esta posibilidad resulta inviable por su condición política.

Finalmente, quiero resaltar el buen trabajo del actual Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, quien como sus predecesores, Jorge Santisteban (QEPD), Walter Albán y Beatriz Merino ha sabido mantener el prestigio de este organismo, que en resumen es uno de los pilares de la institucionalidad y democracia en nuestro país; empero, considero que la alternancia es más que saludable en un estado de derecho y los cambios por default o no, deben darse por el bien de todos.