La estrategia del Chavismo, por Pablo Ferreyros

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“Quien tenga oídos que entienda, la revolución no va a ser entregada jamás “, amenazaba Maduro antes de las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en Venezuela el mes pasado. Esto podía entenderse –y para muchos se entendió- como que el chavismo haría fraude masivo o cerraría la Asamblea Nacional. Sin embargo, la oposición triunfó y su victoria fue formalmente reconocida. ¿Qué pasó? ¿Maduro cambio de opinión y abrazo repentinamente los valores democráticos? Difícilmente. Después de todo, sigue teniendo encerrados a más de un centenar de presos políticos; 83 de ellos en la prisión subterránea sin luz ni ventilación naturales conocida como La Tumba. ¿Qué ocurrió entonces?

Antonio Ledezma, opositor del chavismo, fue elegido popularmente alcalde del distrito metropolitano de Caracas en noviembre del 2008. Pocos meses después, en abril del 2009, el gobierno creo mediante una reforma judicial la Autoridad Única del Distrito Capital, jurisdicción hasta entonces inexistente cuyo jefe de gobierno sería nombrado por el presidente y que limitaba directamente los fondos y competencias de la alcaldía de Ledezma. Esta situación llevó al opositor a emprender una huelga de hambre en junio de ese mismo año para que le entregaran el dinero necesario para pagar a sus trabajadores municipales, decisión que dependía de la nueva autoridad. Hoy Ledezma está preso. Fue reelegido en 2013 tras soportar varias zancadillas similares a la narrada, pero en febrero del año pasado agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia irrumpieron en su oficina y lo detuvieron sin conocerse los cargos en su contra. Recién esa noche Maduro lo acusó públicamente de golpista. No pasó mucho para que terminara en Ramo Verde, la misma prisión en la que está recluido Leopoldo López y en la que continúa hasta la fecha.

El caso de Ledezma no es único. El opositor y gobernador del estado de Miranda Henrique Capriles sufrió un golpe similar en 2013 con la creación de CorpoMiranda, un ente estatal controlado por el ejecutivo que opera paralelo a su gubernatura y con mayor presupuesto que esta. Sin embargo, es un caso que ejemplifica bastante bien lo que es el chavismo y la forma en que opera: un régimen que empezó como un autoritarismo competitivo y que ha ido avanzando hacia una completa dictadura. Lo ha hecho, por un lado, polarizando a la población con teorías conspirativas que demonizan a la oposición y cierran cualquier posibilidad de dialogo de parte del oficialismo; llegando incluso a crear fuerzas de choque armadas paralelas a las legales. Y, por otro, debilitando las instituciones al llenarlas de funcionarios chavistas en los puestos clave o aprobar leyes que las limitan o desvirtúan.

 Todo esto lo hemos visto las últimas semanas. Ya desde antes de las elecciones, cuando las encuestas daban malos pronósticos para el chavismo, la Asamblea Nacional –entonces de mayoría oficialista- designó a trece miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y a una nueva defensora del pueblo: Susana Barreiros, la jueza que condenó a Leopoldo López. Nueve días después de la victoria opositora  –pero antes de que la asamblea cambiara de miembros- se creó un “parlamento comunal”, institución paralela a la Asamblea Nacional y muy posiblemente limitadora de las atribuciones de esta. Cuando finalmente, en los primeros días de enero, la Asamblea cambió de miembros, vimos a militantes chavistas intentando impedir el ingreso de los diputados opositores al edificio de esta. Poco después, un oficialista TSJ -28 de sus 32 miembros son abiertamente chavistas- exigía la suspensión de tres diputados opositores por impugnaciones sobre su elección y amenazaba con asumir –inconstitucionalmente y con movilización de trabajadores de la petrolera estatal incluida- las atribuciones de la Asamblea si esta se negaba. La suspensión de los diputados finalmente fue aceptada, pero el TSJ había hecho una jugada win-win: sin estos la oposición pasaba a tener menos de dos tercios de los curules y perdía la capacidad de emprender una serie de reformas.

No ha pasado un mes desde el cambio de parlamentarios, por lo que solo estamos viendo el principio. Sin embargo, la forma de operar del chavismo en situaciones previas nos permite tener una idea de lo que viene. El gobierno prefirió no exponerse a las consecuencias que le podría haber acarreado rechazar abiertamente el resultado de las elecciones, pero ello no significa que lo acepte: viene intentando revertirlo con acciones más sutiles que un fraude masivo y previsiblemente lo seguirá haciendo. Lo que veremos en los próximos meses será de seguro un tira y afloja entre la oposición y un autoritarismo debilitado pero dispuesto a mantenerse en el poder.

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