La injusta estabilidad laboral, por Carlos San Román

El Estado debe reducir la burocracia, debe eliminar actividades o transferirlas a privados; debe simplificar y digitalizar los procesos con mayor velocidad. Reducir el gasto público es poner más dinero en el bolsillo de las personas y de manera colateral, tal como expuse en una columna anterior, se reduciría también la corrupción. A pesar de que es posible simplificar y digitalizar procesos y hasta trasladarlos a privados, es muy difícil reducir la masa laboral del Estado.

¿Qué sucede cuando un trabajador de una institución pública hace mal su trabajo de manera persistente?  Como mucho le llamarán la atención y en el mejor de los casos se quedará en ese puesto para el resto de su vida laboral.  En la práctica, no es posible desvincular al trabajador ya que se requiere demostrar una “causa justa”, lo cual es sumamente complicado como lo pueden corroborar muchos abogados laboralistas. Existe entonces estabilidad laboral absoluta tanto para el sector público como para el privado.

Entonces, las iniciativas que busquen hacer más ágil al Estado, más práctico, más digital y por lo tanto, menos costoso para los contribuyentes, no tendrán el efecto deseado ya que el número de trabajadores se mantendrá igual o inclusive será más alto cuando los favores políticos entran a tallar.

¿Y quiénes se ven afectados por esa situación? Los clientes del Estado, es decir los ciudadanos que recibimos un servicio deficiente a pesar de pagarlo con nuestros impuestos.  No quiero generalizar la idea de que todos los funcionarios públicos son ineficientes, sin embargo, no podemos negar que si los hay y que estos en gran parte esperan únicamente su momento de jubilación.

En términos generales, cuando una persona no hace bien su trabajo, existen dos caminos para remediarlo.  El primero y principal desde mi punto de vista es formarlo, enseñarle a hacer lo que no sabe hacer, asunto muy necesario hoy dada la transición que vivimos hacia el mundo digital.  El segundo camino, cuando lo primero no es posible, es pedirle que vaya a otro lugar donde sus habilidades alcancen para la labor encomendada, con una remuneración acorde a esas labores.

Gracias a la estabilidad laboral que existe en la práctica, los trabajadores al no tener riesgo de ser despedidos reducen su motivación por hacer bien el trabajo o por aprender, cayendo en una terrible espiral de ineficiencia, letargo o zona de confort.

La estabilidad laboral le da “seguridad” al empleado ya sea del sector público o privado, a costa del servicio que ofrecen a los clientes. Este es sin duda uno de los más importantes temas a resolver en el futuro si queremos un Estado eficiente y moderno y que nos cueste menos.  Dicho esto, tampoco se trata de reducir personal de un día para el otro, creando un terrible conflicto social.  La planificación de este proceso es muy delicada; y además de cumplir con los beneficios de ley, se debe dotar a quienes no estarán más, de algunas herramientas para que continúen su vida profesional fuera del Estado.  Suena complejo y es complejo, pero es lo correcto y es posible.  Enseñarles a hacer empresa, ayudarlos a mejorar sus habilidades y a buscar oportunidades es parte del proceso que debe ser planificado con transparencia y con anticipación.  Seguramente esto generará un gasto importante en el corto plazo que se verá drásticamente reducido en el mediano y largo plazo.

En el fondo, debemos reconocer que no es justo mantener con nuestros impuestos a las personas que no dan el servicio por el cual han sido contratados; no es justo derrochar los recursos de los contribuyentes.

Por eso pienso que la estabilidad laboral es injusta ya que millones de personas no recibimos el servicio por el que pagamos. Se deben flexibilizar las normas laborales de la mano con un plan bien elaborado para reducir drásticamente la carga laboral del Estado.

¿Habrá alguien que se atreva a comerse este pleito y luchar contra esta injusticia?

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