La inseguridad ciudadana como amenaza a la libertad, por Diego Cánovas

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La principal dificultad que toda sociedad enfrenta, es la capacidad de canalizar el uso de la violencia que todos sus miembros tienen la capacidad de ejercer. En este sentido, el poder lidiar con la violencia que grupos organizados o no organizados es la responsabilidad primordial del Estado, ya que de lo contrario la vida en sociedad sería imposible.

Tal como menciona Axel Kaiser, Presidente de Fundación para el Progreso (FPP), solo una vez que se ha resuelto este problema, es posible desarrollar nuestras vidas libremente, dedicarnos a las actividades productivas, la cultura, la política, etc. No puede haber vida civilizada sin una contención de la violencia.

Sociológicamente, el Estado es una organización que posee el monopolio de la violencia física considerada legítima. El Estado, por lo tanto, toma la función de ejercer la violencia en sus manos cuando corresponde para que no tengamos que hacerlo los ciudadanos, utilizando los instrumentos legítimos como la policía y las fuerzas armadas dentro de unos parámetros y normas que se deben respetar.

Esto quiere decir que todo el orden social depende de la habilidad y capacidad que el Estado tiene para hacer respetar las reglas de la convivencia común, coactivamente si es necesario.

Es ello lo que nos permite vivir tranquilos por si, en caso un grupo antisocial quiera atacar nuestra propiedad o nuestras vidas, existan los recursos de acción directa para protegernos.

Si no se logra restaurar el orden y la seguridad, no va a ser posible tener una vida civilizada posible. Una prueba de ello se viene dando actualmente en Chile donde los propios ciudadanos han tenido que asumir la defensa de su propiedad en sus manos y clamando por la intervención de las fuerzas del orden frente a los ataques.

En el contexto actual del Perú, la inseguridad ciudadana y la absoluta falta de respeto a la autoridad, han llegado a un punto crítico en el que es cada vez más riesgoso incluso desarrollar las actividades más normales sin el riesgo de ser asaltados o violentados de alguna manera.

Este clima de impunidad general, ha permitido también a mafias y narcotraficantes involucrarse en muchos de los sociales activos en el país – más de 180 –  en algunos casos coludidos incluso con las autoridades locales.

Sugerir la intervención y el trabajo conjunto de la policía Nacional y las Fuerzas Armadas en situaciones puntuales es una estrategia perfectamente posible y válida para la defensa de la democracia, el orden público y la vida en común.

Asimismo, aquellos que pregonan que el uso de las Fuerzas Armadas para mantener el orden interno es inconstitucional y opresor, caen en una retórica populista que entorpece la resolución de problemas.

Cuando se permite el deterioro del estado de derecho en una región, no hay ningún motivo para pensar que este no va a expandirse a otros lugares.

Por otro lado, los grupos políticos – principalmente de izquierda – que avalan acciones violentas como medida de protesta, tendrán que asumir el alto costo que supone alinearse con los sectores más violentos de la sociedad, con la sola finalidad de aprovechar la fragmentación social para imponer ideologías que ya han causado demasiada muerte, destrucción y caos en nuestro país durante las décadas de los 80s y 90s.

Por otro lado, no puede haber progreso si el Estado no brinda condiciones adecuadas de seguridad atractivas para la inversión privada, el emprendimiento, la generación de empleo y la diversificación económica. Esto aplica tanto a las grandes empresas, como a las medianas y en especial a las pequeñas empresas.

La función ordenadora y pacificadora de la sociedad por parte del Estado es una obligación que debe ser cumplida sin miramientos y dentro del marco normativo vigente. No hacerlo, es también una negligencia que deberá ser castigada, del mismo modo que aquellos que cometan excesos en sus funciones durante cualquier medida de fuerza.

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