La lección de Tía María, por Francisco Daza

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La polémica alrededor del proyecto de explotación minera “Tía María” por parte de la empresa Southern Perú Copper Corporation va más allá de la viabilidad del proyecto. Lo ocurrido en el Valle del Tambo expone de manera directa la triste realidad que afronta la minería formal en el Perú. La suspensión del proyecto fue un retroceso para el país, que ahora se ve amenazado ante una posible demanda por parte de la empresa minera. La falta de fortalecimiento de la política de gestión ambiental en el país es el gran responsable de la paralización del sector minero. La inestabilidad de la minería formal en el país está caracterizada por una serie de problemas tal como: la volatilidad de los conflictos sociales latentes, una delimitación territorial incompleta y la escasa credibilidad de las instituciones públicas por parte de la población.

El escenario de Tía María es similar a cualquier otro conflicto social en protesta de la minería que se haya desarrollado en el Perú en los últimos años. La importancia de este proyecto gira en torno a los logros de la competitividad de este sector, que logró convertir al país en el segundo mayor productor de cobre en el mundo.  Los planes de los proyectos mineros inician con gran respaldo popular; sin embargo, estas obras se ven reprimidas debido a inconsistencias y presuntos actos de colusión. En el caso de Tía María, la empresa minera falló con garantizar las medidas de calidad ambiental necesarias tras el informe de la UNOPS presentado en el año 2011 con respecto al primer estudio de impacto ambiental. Los resultados del informe de una auditoría externa fueron prueba de la poca fiscalización ambiental que existe en el país y una señal de alerta a la población sobre los riesgos de la minería.

El segundo estudio de impacto ambiental del proyecto minero fue realizado por la empresa consultora Geoservice Ingeniería S.A.C. A partir de ello, la empresa Southern sustento haber levantado las 138 observaciones realizadas por la UNOPS. Este estudio de impacto ambiental fue aprobado tres años después y recibió la buena pro del gobierno de proceder con el desarrollo del proyecto minero. Lo controversial de esta resolución gira en torno al cumplimiento de estas observaciones, la parcialidad de la empresa consultora y la metodología utilizada por el ente rector para determinar la aprobación del proyecto. Cabe mencionar que la empresa consultora se encuentra en condición de baja definitiva según la Sunat.

La aprobación de este estudio fue realizada poco después del “paquetazo ambiental” del gobierno nacionalista. La evaluación de los estudios de impacto ambiental fue manejada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas hasta el año 2015. Esta función fue posteriormente cedida al Ministerio del Ambiente por medio del Senace a fin de encargar el proceso de evaluación a una entidad arbitraria. Desde aquel entonces, la responsabilidad de fiscalización ambiental recae sobre el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Es el deber del estado cumplir con los procedimientos correspondientes para determinar la viabilidad de un proyecto minero con el fin de consolidar una política de gestión ambiental eficaz en el país. La posición del gobierno no puede depender solamente del diálogo entre los actores involucrados sino de la credibilidad que deben garantizar los organismos fiscalizadores. Es primordial fortalecer las instituciones ambientales del país y promover la implementación de estrategias de mejoramiento continuo en el plan de acción ambiental vigente. En otras palabras, cumplir con las medidas correctivas prometidas por el estado en la COP 20, no solo como mecanismo para evitar conflictos sociales sino como un camino hacia el desarrollo sostenible del país.

Las evaluaciones del proyecto minero no pueden cesar con la aprobación de los estudios ambientales. El gobierno pudo haber tomado en cuenta diversas estrategias para afrontar el problema de Tía María.  Personalmente, opino que entre la gran variedad de estrategias destaca la propuesta del exministro del ambiente, Ricardo Giesecke, sobre la asignación de oficinas de la OEFA en el Valle del Tambo. Esta medida sin duda hubiera facilitado la labor de fiscalización de esta entidad debido a las constantes evaluaciones de calidad ambiental. La presencia de una institución de fiscalización ambiental en un territorio de explotación minera promueve el cambio de percepción frente al estado por parte de las comunidades locales. La solución de la problemática de conflictos sociales en proyectos mineros podría basarse en el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Con respecto a la delimitación territorial, alrededor del 40% de la superficie peruana es destinada a concesiones para minería, petróleo, gas y madera. El estado no puede omitir que el 96% del territorio que abarca estas concesiones están habitadas por comunidades locales. La presencia de conflictos sociales en proyectos mineros es casi inevitable desde un punto de vista estadístico. La motivación del lema,  Agro sí, mina no, intensifica la protesta de las comunidades locales y brinda una oportunidad de unificación frente a la contaminación ambiental a nivel nacional.

La vulnerabilidad climática del país debe ser tratada mediante la fiscalización ambiental. Los problemas ambientales en el país se encuentran en un periodo de extrema delicadez. El estado debe elaborar estrategias para enfrentar: la falta de fiscalización ambiental en grandes proyectos mineros, la dominación de la minería informal y los constantes derrames de petróleo en la selva del país. Las protestas de comunidades locales frente a cualquier actividad de extracción incrementaran de manera exponencial si el gobierno no genera soluciones óptimas con respecto a las demandas socioambientales.

La intervención de la sociedad en estos proyectos debe ser limitada y caracterizada por la participación de las comunidades en las mesas de diálogo.  Los gobiernos regionales deben atender los pedidos de los grupos colectivos e incitar la mitigación; sin embargo, el poder de estos debe ser controlado. La nueva ley de minería atenta contra este orden, al proveer mayor poder de fiscalización a los gobiernos regionales de tal modo que debilitan las funciones de la OEFA. En la actual coyuntura política del país, destacan los casos de corrupción en gobiernos regionales y el evidente intento de realizar propaganda política para las supuestas elecciones del próximo año. Incrementar los poderes de fiscalización a gobernadores regionales como Cáceres Llica es darle motivo a que sigan extorsionando a las empresas mineras y al estado.

La falta de institucionalidad en el gobierno y una delimitación territorial incompleta son solo parte del problema que afronta la minería formal en el Perú. Los eventos que sucedieron en Arequipa a inicios de agosto son inaceptables y preocupantes para el desarrollo del país. Bajo ningún motivo se debe permitir el bloqueo de carreteras, vandalismo u cualquier otra manifestación de violencia que atente contra la seguridad ciudadana. Los grandes proyectos mineros del país son oportunidades de inversión y por ende la evaluación de los estudios ambientales debe ser riguroso y realizado por una autoridad competente mediante el uso de una metodología estándar de revisión. La fiscalización ambiental debe ser la herramienta más eficiente del estado para preservar el cuidado del medio ambiente.

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