La legalidad de la ficción, por Stephany Curo

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Imelda Cortez sufrió abusos sexuales por parte de su padrastro desde los diez años. A los 18 producto de las constantes violaciones dio a luz en su casa, sin conocer de su embarazo y víctima de un aborto espontáneo, a su primera hija. El bebé no presentó ninguna complicación pero ella sí, la encontraron desangrándose cuando fue auxiliada. Los médicos creyeron que había intentado abortar y llamaron a las autoridades, pasado su tiempo de recuperación la encarcelaron. Hace unos días, más de un año y medio después, la justicia salvadoreña le cedió su libertad, después de innumerables reclamos por parte de grupos feministas.

Imelda proviene de uno de los países latinoamericanos que prohíbe con mayor severidad cualquier tipo de interrupción del embarazo: El Salvador. En la lista siguen naciones como Honduras, Nicaragua y República Dominicana, donde la lucha de grupos religiosos por impedir la despenalización del aborto es permanente. Sin embargo, las mujeres que residen en países donde esta práctica ya es legal viven su propio idilio, pues a pesar de su aprobación, las leyes que amparan el aborto por casos de violación, riesgo de vida de la madre o anomalías fetales, no se cumplen a cabalidad.

Estas últimas medidas ya han sido legalizadas en países como Brasil y Colombia. En nuestro país sólo es legal el aborto terapéutico, es decir, “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”.

Está aprobado hace 94 años pero en la práctica la realidad es completamente distinta, apenas en el 2014 el Ministerio de Salud aprobó la Guía Nacional para Interrupción Voluntaria del Embarazo por Razones Terapéuticas. Esto quiere decir que, durante el período de tiempo anterior a ese año, nunca se determinaron lineamientos específicos que permitieran maximizar la atención médica que requiere un aborto terapéutico.

La innegable indiferencia del Estado, sumado al evidente conservadurismo de la sociedad peruana, ha desembocado en terribles casos. Algunos de ellos trascendieron e incluso debieron ser atendidos por organismos internacionales.

En el 2001 a K.L. le informaron que su bebé era anencefálico, carente de cerebro, y que inevitablemente moriría. Le recomendaron un aborto terapéutico pues su vida se encontraba en riesgo, pero en el Hospital Arzobispo Loayza se lo negaron.  La joven dio a luz a un bebé que moriría cuatro días después.

En el 2005 el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que se le debía otorgar una indemnización y ofrecerle disculpas públicas. Diez años después se cumplió con el dictamen. Pero a medias, pues las disculpas nunca llegaron.

L.C., tenía trece años cuando resultó embarazada producto de una violación. La menor intentó suicidarse lanzándose desde el techo de su casa. Debían realizarle una operación a la columna pero priorizaron su embarazo y desistieron de tratarla, como consecuencia quedó parapléjica.

Hoy, a sus 25 años, L.C. recibió hace unos días la disculpa del Ministro de Justicia, Vicente Zeballos, por la celebración del Día de los Derechos Humanos. Disculpa que, por supuesto, busca evidenciar el reconocimiento de las deficiencias del pasado, pero que bien podría quedarse sólo en la apariencia pues no se creerá en un cambio determinante hasta presenciar acciones concretas. Ya sabemos que en el Perú la justicia tarda o nunca llega.

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