La ley debe sancionar a los grabadores clandestinos, por Federico Prieto

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Si queremos pasar de las palabras (VIII Cumbre de presidentes con 57 compromisos) a los hechos, podemos comenzar promulgando una ley que sancione a los grabadores clandestinos. Eso significa castigar a quien hace las grabaciones y las usa a modo de chantaje legitimado. Eso significa igualmente descalificar toda grabación, editada o no, como indicio o prueba en un proceso judicial.

Estaríamos ciegos si no nos damos cuenta que desde Montesinos hasta Mamani la grabación clandestina ha sido –lamentablemente- un instrumento de destape de la corrupción escondida. De la misma manera, estaríamos equivocados si convertimos unas circunstancias peculiares de nuestra historia reciente –historia de corrupción- si no volviéramos a los cauces naturales de la ética y el derecho. Porque el fin no justifica los medios ni en moral ni en justicia.

Comprendo que vivimos en tiempos de transparencia, donde aparecer calato en el parlamento puede ser el mejor signo de honradez para algunos. Pero no podemos volver al paraíso terrenal antes del pecado original. Ni aceptar la ley de la selva como si estuviéramos perdidos en el corazón de la amazonia.

La honradez, que es lo contrario a la corrupción, exige que tengamos medios honrados para alcanzar fines honrados. No podemos buscar fines corruptos a través de medios honrados ni fines honrados a través de medios corruptos.

El 92 por ciento de la población consultada en la última encuesta de Ipsos opina que la actuación de Mamani y el producto de la misma deben ser investigados. Montesinos y Mamani significan deslealtad y traición.

Si queremos lealtad y fidelidad, que son virtudes morales que acompañan a la justicia, entonces comencemos planteando un proyecto de ley contra las grabaciones clandestinas, como queda dicho.

Y hasta los medios de comunicación, como ha dicho un caricaturista con fina ironía, ‘deben respetar el debido proceso’. El humor es así.

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