La Oroya, ¿correcto o incorrecto?, por Gaby Castillo

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Pedro Pablo Kuczynski no ha dejado de hacer planes, desde que ONPE lo declaró como ganador de las elecciones presidenciales el 10 de junio, se le ha visto trabajar constantemente con su equipo preocupándose por alinear varios temas de agenda nacional antes de jurar el cargo; todo este trabajo dio frutos tras obtener el voto de confianza por 121 votos en el Congreso de la República.

Incluso antes de la toma de mando hemos podido apreciar la manera “peculiar” de manejar el protocolo (por decirlo de una manera suave) y de comunicar sus ideas, algunos incluso  han llegado a calificar su estilo de liderazgo como un liderazgo disruptor[1].Y es que el arte de manejar masas y saber introducir temas en la agenda política se irá aprendiendo poco a poco.

Sin embargo, debemos de darle crédito por la forma de manejar a los trabajadores de la Oroya, a quienes alentó a caminar hacia el Congreso en una marcha pacífica para presionar la aprobación de un proyecto de ley que busca la prórroga a la liquidación de Doe Run, los trabajadores reclaman el reinicio de operaciones del Complejo metalúrgico en armonía con los estándares ambientales, con la salud de la población y para que se atienda sus problemas laborales. Tomó el riesgo a sabiendas de que hay un conflicto latente allí, la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de Defensoría del Pueblo lo ha incluido dentro del Reporte Nº 149 de Conflictos Sociales, destacando la ausencia de diálogo por parte del Estado Peruano.

Hasta ese momento, la única respuesta que obtenían los trabajadores por parte del Estado era la del 18 de julio, cuando el MEF publica un comunicado en su portal oficial por el cual informa que el proceso arbitral administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial resolvió a favor del Perú en el arbitraje internacional relacionado a La Oroya, denominado “The Renco Group, Inc c. La República del Perú” (Caso No. UNCT/13/1), el Laudo Parcial emitido a favor del Perú, concluye que Renco incumplió el Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos (APC) y que “las reclamaciones de Renco deben ser desestimadas por falta de jurisdicción”.

Estas noticias no ayudan en nada a la situación que atraviesa  Doe Run que cesó operaciones desde el 2009 porque mantenía deudas por más de US$120 millones con varias compañías mineras. Desde entonces los trabajadores han recibido, además de sus salarios, cursos que le permitan relocalizarse, ¿Por qué está paralizado el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO)?

Por incumplir las exigencias del Estado peruano respecto a su plan ambiental, básicamente todo lo referente a las normativas ambientales vigentes. Define Consultoría (tercera con esa función), la empresa liquidadora de Doe Run Perú, está pidiendo dos años más para poder vender el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), es decir ampliar nuevamente el plazo para poder buscar inversionistas. Cabe decir que el plazo para poder liquidar se acaba el 27 de julio de este año.

Sin embargo, salvados por la campana, el pasado jueves 25 de julio con 108 votos a favor se aprobó el proyecto de ley que otorga una prórroga extraordinaria de un año adicional al plazo ordinario establecido en un proceso de liquidación empresarial en marcha, es decir se podrá aprobar una prórroga a la liquidación en marcha por un año y, adicionalmente el ejecutivo podrá ampliarla por un año más, a través de un Decreto Supremo.

Este proyecto fue resultado de una propuesta por parte del Ejecutivo y otro de la Bancada Fujimorista, modificando de este modo el artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, pese a todo esto, es decir a la intervención del Presidente, de la situación de Doe Run (única a la cual al día de hoy se le puede aplicar esta ley), se sigue diciendo que no es una norma con nombre y apellido y que sólo se aplica en “términos generales”. Habrá empresas que en su oportunidad se vean beneficiadas por la ley, pero hoy es aplicable a Doe Run.

Muchos se han escandalizado por el proceder del Congreso y del Ejecutivo. Ante esto debemos cuestionarnos ¿Es correcto o incorrecto su accionar? Desde un punto de vista legal podría cuestionarse si la norma cumple el carácter impersonal y general de la ley, pese a ello debemos de considerar que la ley será aplicable a un universo amplio de sujetos, y aunque no lo reconozcan, sí en un inicio nace por un caso como el de Doe Run podrá ser aplicado para muchos más.

Pero lejos de todo esto, creo que es importante entender que Ejecutivo desde el inicio de su gestión ha tomado las riendas y en alianza con el Legislativo han comenzado a trabajar juntos. La Oroya es una bomba de tiempo que se ha estado pasando de gobierno en gobierno, que no han hecho mucho por el tema. El punto clave aquí es que la medida emprendida sea parte de un plan mucho mayor, de una gestión y modernización que vigile el cumplimiento de la legislación laboral y ambiental. Asimismo se debe de ser duro con la empresa privada, comprometerla y hacerla entender que si bien el Estado los apoya en esta oportunidad, deben dar algo a cambio. PPK cree que se puede lograr, el costo de esta decisión se medirá en la medida del repunte de este proyecto, esperemos todo sea positivo y no se genere un problema mayor como un conflicto social.

[1] La comunicación disruptiva de PPK por Rodrigo Salazar

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