La pedofilia, Figari y Francisco, por Mario Arroyo

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La visita de Francisco al Perú y a Chile se ha querido empañar con ocasión del lamentable delito de la pedofilia cometida por ministros de la Iglesia y, lo que sería quizá más doloroso, el encubrimiento consciente por parte de algunas autoridades eclesiásticas de tan horrendo crimen, obstaculizando así la justicia. Salvando el legítimo derecho que tienen las víctimas a denunciar los abusos y la necesidad improrrogable que la Iglesia católica y todas las instituciones en general tenemos de acabar con este abominable delito, cabe suponer desinformación o sencillamente un interés sectario en empañar la visita del Papa y la imagen de la Iglesia.

Siendo conscientes de que las generalizaciones son injustas, en líneas generales puede afirmarse que a los promotores de esta campaña de desprestigio lo que menos les importa es la verdad, y por tanto las víctimas, sino que las utilizan para desprestigiar. En efecto, una vez que el mito del inmenso gasto que el estado iba a realizar con ocasión de la visita del Francisco se vino abajo, pues resultó evidente que en realidad era una inversión, pues activaba la economía generando ganancias mucho mayores, desesperadamente se buscó algún otro expediente para cuestionar la visita. ¿El motivo? Sencillamente les fastidia la autoridad moral del Papa y están en contra de valores que defiende la Iglesia, como la espiritualidad, la vida, la familia o una sexualidad racional, no disociada de la naturaleza. La pedofilia se volvió entonces el caballo de batalla implacable que permitiría cuestionar de forma creíble a Francisco y a la Iglesia.

Pero para conseguirlo deben hacer un esfuerzo de estudiada desinformación, o de recaudación selectiva de datos, es decir, mirar exclusivamente en una dirección, ignorando datos abrumadores en la contraria. El argumento que esgrimen es sencillo: la Iglesia no tiene una voluntad real de acabar con el problema porque no llega a fondo y no castiga a los culpables. Luis Fernando Figari sería la prueba incontrovertible. Ahora bien, esa afirmación pone en sordina una serie de hechos contundentes: De 2001, año en que entró en vigor la nueva normativa para erradicar la pedofilia hasta el 2014 cesaron en el sacerdocio por el delito de pedofilia 848 sacerdotes, 2572 recibieron sanciones menores (con frecuencia por ser muy ancianos y haber pasado muchos años desde que se cometió el delito, siendo frecuente la obligación de no aparecer el público y retirarse a una vida de oración). En este proceso de purificación eclesial, los papas Benedicto XVI y Francisco han obligado a dimitir a más de 85 obispos. Ni siquiera cardenales o fundadores de órdenes religiosas se han exonerado de la necesaria e improrrogable purga. Decir que la Iglesia felizmente mira a otro lado o no tiene voluntad de cura es sencillamente falso.

¿Qué sucede entonces con Karadima o Figari? Todo hay que decirlo,  pues gracias a la prensa se han agilizado procesos difíciles. Personalidades que en la Iglesia gozaban de un inmenso prestigio, de forma que se consideraban calumnias las acusaciones en su contra, han sido hábilmente puestas en evidencia por la prensa y la Iglesia ha adquirido una deuda con ella. Maciel, Karadima y Figari son un buen ejemplo. Pero una cosa es contribuir a que se esclarezca la verdad, vocación esencial del periodismo, y otra es instrumentalizarla para desprestigiar, o ignorar el cuadro completo (los 848 sacerdotes arriba mencionados). Los tres han sido procesados con base en los datos que la Iglesia poseía al momento de juzgarlos. Maciel fue invitado a una vida de retiro, Karadima cesó como ministro, y Figari no es clérigo, pero se le encontró culpable de “graves crímenes contra el sexto” [mandamiento].

La justicia no es espectáculo ni ajuste de cuentas político, no es fruto del rencor ni la venganza, no surge del odio, no se debe hacer de ella un show mediático. Se debe, en cambio, presuponer la inocencia del inculpado hasta que se demuestre lo contrario, y no se debe hacer para satisfacer los anhelos de la opinión pública sino conforme a derecho. Maciel y Karadima son casos cerrados, respecto a este último, Francisco señala que no existen pruebas de complicidad del obispo Juan Barros; no se puede castigar a una persona con base en suposiciones. Figari, en cambio, era un caso cerrado por la fiscalía peruana y por la Iglesia católica. Se ha reabierto sospechosamente, en el contexto de la inminente visita del Papa al Perú y de la posible vacancia presidencial; no se puede anticipar un juicio que comprometería la imparcialidad del proceso. La Iglesia no tiene calabozos, Figari no es clérigo, la autoridad civil deberá juzgarlo sin la premura de tener presiones políticas e ideológicas. Todos, la Iglesia en primer lugar, queremos que se esclarezca la verdad, se castiguen los culpables y se acabe la pedofilia; algunos, en cambio, solo quieren generar distorsión para empañar la visita de Francisco, instrumentalizando la pedofilia.

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