La realidad del saneamiento rural en el Perú

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Los servicios de agua y saneamiento son importantes, ya que su ausencia resulta causa importante de las enfermedades diarreicas, la segunda mayor causa de muerte de niños menores de cinco años y una de las principales causas de malnutrición. En los últimos años, se han realizado esfuerzos por mejorar la cobertura y calidad estos servicios. Si bien es cierto que se han dado mejoras importantes en términos de cobertura, las brechas persisten y en zonas rurales –donde habitan alrededor del 30% de los peruanos- son especialmente escandalosas. De acuerdo con el INEI, el 68.7% de los hogares rurales cuenta con servicios de agua y solo el 31.1%, con servicios de saneamiento. Si esto no resulta lo suficientemente alarmante, cabe mencionar que menos del 2% de los hogares rurales accede a agua que cumple con los estándares de calidad para ser llamada potable (no, no es un error de tipeo: menos del dos por ciento).

El saneamiento en zonas rurales se encuentra muy atomizado y cuenta con un gran número de actores, cuyas acciones –como es usual- no están adecuadamente articuladas. La regulación, a diferencia de las zonas urbanas, no se encuentra a cargo de Sunass, sino de los gobiernos locales, bajo lineamientos brindados por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS). Por su parte, la gestión se encuentra, principalmente, en manos de las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS).

Las JASS son asociaciones civiles formadas por miembros de las comunidades, responsables de asegurar la operación y mantenimiento de la infraestructura. Para cumplir con sus responsabilidades (asegurar la limpieza, desinfección, cloración, operación, reparación y mantenimiento del agua), las JASS deben cobrar una cuota familiar en las comunidades, las cuales son acordadas en las asambleas generales de cada comunidad. Este dinero puede ser destinado al pago de un operador. Al 2011, en promedio, la cuota familiar mensual era de S/0.76 y, a pesar de ello, la morosidad era elevada. Así, el 40% de las JASS eran deficitarias y el 30% no recibía ningún ingreso por tarifas familiares. Por ello, el margen operativo promedio de las JASS era de -34%. A la insuficiencia de recursos para operación y mantenimiento se suma la escasa capacitación con que cuentan los miembros de las JASS: solo el 14% de organizaciones comunales cuenta con al menos un miembro capacitado.

Las municipalidades, por su parte, no cumplen por lo general con su rol de supervisar y regular adecuadamente la provisión de los servicios de agua y saneamiento en zonas rurales. La mayoría de municipios no cuenta con un área técnica encargada de agua y saneamiento y, de ser el caso, la integra solo una persona. Asimismo, son muy pocos los municipios que cuentan al menos con un registro de las JASS existentes en su jurisdicción. Por su parte, la población es también parte del problema. La gran mayoría de pobladores rurales se muestra satisfecha con el servicio de agua que recibe, demostrando esto las bajas expectativas de la población y la fuerte necesidad por educación sanitaria. A esto se suma la limitada capacidad de pagar por el agua. Un dato que llama la atención es que los hogares rurales gastan 16.5 veces en electricidad lo que pagan en agua mensualmente.

Así, queda claro que es necesario generar cambios en la gestión del agua y saneamiento en zonas rurales. En búsqueda de soluciones posibles, todas acompañadas por grandes retos, queremos resaltar tres puntos:

Primero, no resulta eficiente contar con tantos gestores atomizados. Si bien es más difícil aprovechar economías de escala en zonas dispersas, debería estudiarse cuál es la planta óptima para contar con modelos lo suficientemente grandes como para que un operador tenga incentivos de llegar a zonas alejadas. Con menos operadores, es más viable invertir en el desarrollo de capacidades para todos. En este marco se debería asegurar la cobertura de la operación y el mantenimiento en el largo plazo, por lo que deberían buscarse contratos a varios años. Para ello, podría resultar conveniente promover la participación privada en la inversión en agua y saneamiento.

Segundo, los municipios deberían contar con capacidades (recursos asignados) e incentivos para supervisar la adecuada provisión de los servicios. Una opción podría ser algo similar al Programa de Incentivos Municipales.

Tercero, resulta urgente realizar labores efectivas de educación y concientización sanitaria bien planificadas y sostenidas, entendiendo que se trata de cambiar hábitos en la población y no únicamente de brindar información.

Todo lo anterior es complejo y sobretodo costoso. Resulta pertinente, sin embargo, preguntarse cuánto costo se evitaría al reducir considerablemente la incidencia de enfermedades relacionadas con servicios de agua y saneamiento deficientes (costos de atención, pago de bolsillo, horas productivas, etc). Esta es una realidad que no puede ser minimizada ni dejada de lado, teniendo además en cuenta que afecta a la población más vulnerable de manera multidimensional.