La Sentencia Filiales y la Futura Universidad, por Ernesto Álvarez Miranda

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Una de las sentencias más importantes del Pleno anterior del Tribunal Constitucional fue la recaída en el expediente 00017-2008-PI/TC, más conocida como el Caso Filiales. Resolvimos declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 28564, que prohibió la creación de nuevas filiales universitarias.

El diagnóstico inicial nos condujo a declarar un estado de inconstitucionalidad al comprobar que el sistema en su conjunto no cumplía los objetivos de la educación superior. La Universidad pública, con excepciones por supuesto, no satisfacía cuantitativamente la demanda de los jóvenes de escasos recursos, que veían el título profesional como el único medio para lograr su mejora socio-económica. Los más preparados, que sí lograban la anhelada vacante, pronto descubrían que muy pocas de las universidades públicas satisfacen su necesidad de acceder a una formación de calidad que les permita competir profesionalmente con los titulados de universidades particulares de reconocido prestigio. Por tanto, no se cumplía el principio constitucional de igualdad de oportunidades la razón de ser de toda universidad pública.

La demanda cuantitativa no cubierta por la universidad pública, léase postulantes que no logran su ingreso, permite el surgimiento de un nuevo tipo de universidad particular: la que no aspira a competir por los primeros puestos del ranking, sino que persigue dar una solución comercial al postulante fallido, brindándole una carpeta en deplorables condiciones de calidad académica e incluso físicas, a cambio de una pensión muy barata, todo gracias a que el título profesional a Nombre de la Nación iguala, a los ingenieros de la UNI con los del garaje sin computadoras. Entonces afirmamos que el estudiante y sus padres estaban siendo estafados, hoy lo dudo, pues hay un consumidor plenamente consciente que esa universidad o su filial bamba no tiene ningún prestigio en el mercado laboral, lo que compra es un título que en realidad vale lo que cuesta y solo le permitirá el acceso a niveles laborales inferiores.

El TC pidió la creación de una superintendencia que sirviera de supervisora del sistema, ya que la organización a cargo de los propios interesados había sido manifiestamente sobrepasada por la realidad. El Estado es responsable de que la Universidad peruana cumpla los objetivos establecidos en la Constitución. Debe establecer las normas e incentivos adecuados para que los particulares que acceden al sistema, se esfuercen en cumplir un estándar mínimo de calidad educativa. El tema de discusión comienza allí, en el cómo hacerlo.

Si ese estándar mínimo es exigente, recuérdese que la exigencia genera un costo que termina siendo trasladado a las pensiones, las universidades particulares baratas saldrán del mercado, suponiendo que esa superintendencia enfrenta el costo social y político de ordenar su salida. Sería menos duro si el Estado tiene preparada una oferta atractiva de educación técnica, a través de institutos bien equipados y con convenios para formar personas con las habilidades que realmente necesitan las empresas en cada región.

Eliminado el tercio inferior, será necesario potenciar las universidades públicas mediante la cobertura de plazas a través de concursos públicos abiertos, todos manejados por esa superintendencia, a fin de romper los claustros de profesores anclados en textos del siglo pasado y dedicados más al contubernio y cooptación que al estudio y actualización de conocimientos. A cientos de nuevos Maestros y Doctores les sería atractivo obtener plaza de auxiliar o asociado en las nacionales de Cajamarca o Moquegua, casi ahogadas en dinero del canon, las que podrían ser autorizadas a pagar bonos por resultados a sus profesores.

Este panorama requiere un consenso político, no puede ser producto de las rivalidades de un partido contra el partido adversario, ni la vendetta del ministro de turno contra sus opositores. La salud del sistema universitario depende de la compresión de una verdadera política nacional que se mantenga en el transcurso de décadas. Para ello es imprescindible que quien presida esta superintendencia no sea nombrado por el gobierno. Debe ser seleccionado por los representantes de los empleadores, directamente interesados en la calidad educativa de quienes serán sus principales recursos.